En el próximo Consejo del IMV
El Consistorio, en el marco del Plan de Emergencia Social, destinará dos millones anuales a alquilar viviendas particulares que se asignarán familias en situaciones de urgencia
Elaborarán un censo de viviendas vacías en propiedad de Bancos y promotores en concurso de acreedores y se instará a la Junta de Andalucía a que reclame a la Sareb las viviendas que tiene a su disposición
MÁLAGA.- El Ayuntamiento de Málaga, a través del Instituto Municipal de la Vivienda (IMV), llevará a aprobación en el Consejo Rector que se celebra este próximo viernes la creación de la nueva Oficina Municipal del Derecho a la Vivienda, un órgano que garantizará este derecho constitucional y arbitrará todas las fórmulas a su alcance para evitar los desahucios en la ciudad de Málaga.
Esta oficina nace como resultado del acuerdo de pleno del pasado 23 de julio, en el que se acordó la creación de este órgano, e integra la actual oficina municipal de intermediación hipotecaria, que lleva en funcionamiento desde 2012, y que ha atendido hasta el momento a más de 700 personas, según han explicado este miércoles el alcalde, Francisco de la Torre, junto con el concejal de Ordenación del Territorio y Vivienda, Francisco Pomares.
Así, con esta media se refuerzan las acciones antidesahucios que se están llevando a cabo por el Consistorio malagueño desde el inicio de la crisis y, además, se busca garantizar el derecho a la vivienda a familias con riesgo de exclusión social y con necesidad urgente de vivienda procedentes de situaciones de desahucios, tanto procedentes de ejecuciones hipotecarias como de cualquier otro supuesto que pudiera implicar que se quedara sin una vivienda en la que alojarse.
De igual modo, para todos estos casos, cuando hayan sido infructuosas las gestiones para que permanezcan en sus hogares, se elevará también propuesta al Consejo para la aprobación de un Plan de Alquileres de Viviendas Para Familias Con Necesidad Urgente, por el que el IMV ayudará a pagar el alquiler a estas familias durante un periodo de tres años.
INVERSIÓN Y PLAN
Para la ejecución de estas ayudas, el Ayuntamiento destinará un importe de dos millones de euros anuales, ya que el plan se ha diseñado para el periodo 2015-2018, por lo que el presupuesto total del mismo asciende a 6.580.000 euros; dos por cada una de las anualidades 2016, 2017 y 2018 y una consignación de 580.000 euros para lo que queda de 2015.
El plan de ayudas que propone el Ayuntamiento de Málaga consiste en ofrecer a estas familias viviendas en alquiler del mercado, cuyas rentas serán abonadas por el Instituto Municipal de la Vivienda con la colaboración de las propias familias, suscribiendo éstas el correspondiente contrato de arrendamiento con el propietario.
El Plan de Ayudas será por tres años. Así, en el primer año y durante el primer semestre las familias se beneficiarán de una ayuda al alquiler del 100 por ciento de la renta mensual con un máximo de 450 euros mensuales y, para el segundo semestre, la ayuda se corresponderá con el 90 por ciento de la renta mensual con un máximo de 405 euros mensuales, debiendo la familia sufragar la diferencia en este semestre: 40 euros/mes.
Posteriormente, para el segundo año y durante el primer semestre --tercer semestre del plan-- las familias se beneficiarán de una ayuda al alquiler del 80 por ciento de la renta mensual con un máximo de 360 euros mensuales y, para el segundo semestre --cuarto semestre del plan--, la ayuda se corresponderá con el 70 por ciento de la renta mensual con un máximo de 315 euros mensuales. En este año las familias abonarían 90 euros/mes el primer semestre y 130 euros al mes el segundo.
El último año, el tercero, y durante el primer semestre --quinto semestre del plan-- las familias se beneficiarán de una ayuda al alquiler del 60 por ciento de la renta mensual con un máximo de 270 euros mensuales y, para el segundo semestre --sexto y último semestre del plan--, la ayuda se corresponderá con el 50 por ciento de la renta mensual con un máximo de 225 euros mensuales. En este año las familias abonarían 180 euros/mes el primer semestre y 225 euros al mes el segundo.
Adicionalmente a la cuantía del primer año, se abonará un importe de 450 euros para cubrir la fianza que está obligado a depositar la familia beneficiaria.
PROCEDIMIENTO
Las familias beneficiarias suscribirán el contrato de alquiler con el titular del piso y asumirán todas las obligaciones legales que le correspondan por tal relación jurídica. Las rentas de alquiler serán abonadas por el Instituto y por el arrendatario en las proporciones antes señaladas y, por tanto, las familias arrendatarias tendrán la obligación de abonar mensualmente la parte de renta que no cubra la ayuda pública.
El IMV abonará las ayudas mediante transferencia directamente al propietario (arrendador). En concreto, la primera anualidad completa durante el primer mes del periodo y, para los dos años siguientes, el abono se realizará por semestres durante el primer mes de cada periodo. Para abonar la ayuda correspondiente a cada periodo semestral --del tercero a sexto--, los beneficiarios deberán haber pagado al arrendador las cantidades de renta que les correspondiere del semestre inmediato anterior.
La ayuda económica excepcional, han explicado, irá destinada, exclusivamente, a atender situaciones de emergencias, ocasionadas, por la pérdida o posible pérdida sobrevenida de la vivienda, debida a declaración de ruina inminente de inmueble, a procedimientos de ejecución hipotecaria, a procedimientos de desahucio, a dación en pago, y supuestos de análoga naturaleza.
El acceso a esta ayuda de emergencia se realizará, a través del Instituto Municipal de la Vivienda, en el Registro General de Documentos, o por cualquiera de los cauces previstos en la normativa legal vigente, o incluso de oficio por esta Agencia Pública. Además, deberá contar con el informe favorable del Comité FRES de valoración de Familias en Riesgo de Exclusión Social, formado por técnicos municipales de las Áreas de Derecho Social, Accesibilidad, Igualdad, y Vivienda. A su vez estas familias se incluirán en un programa de seguimiento para ayudarles a su integración y orientación laboral y, en su caso, social.
EJES DE TRABAJO DE LA OFICINA
La creación de la Oficina del Derecho a la Vivienda, entre otros aspectos, declara a Málaga como ciudad contraria a los desalojos de viviendas familiares habituales y tendrá como gran objetivo garantizar el derecho constitucional de acceso a una vivienda digna. La ciudad será mediadora ante las entidades financieras e integrará, como se ha indicado anteriormente, en su estructura a la Oficina Municipal de Intermediación Hipotecaria, creada en 2012, "y con muy buenos resultados en el ámbito judicial y en el de valoración de los ciudadanos".
En concreto, la oficina tendrá tres ejes de trabajo. En primero de los objetivos serán los asuntos derivados del fenómeno hipotecario, que se centrarían en los supuestos de las familias que acuden manifestando no poder pagar la cuota hipotecaria; familias que han recibido una notificación del Juzgado referente a su vivienda; y familias a las que les ha llegado la orden de lanzamiento.
La oficina intentará que la familia no pierda su hogar y, para ello, por un lado intentará gestionar una reestructuración de su deuda con la entidad financiera, labor ya realizada y en la que se han alcanzado éxitos en la actual Oficina de intermediación hipotecaria, remitiendo paralelamente el expediente al Colegio de Abogados para la asignación y gestión del caso que estuviere judicializado, ello al amparo del convenio suscrito con este Colegio Profesional, para la asignación de un letrado especializado en la materia; y por otro y paralelamente, la oficina comunicará por carta al juzgado solicitud de paralización del procedimiento, en caso de que la familia estuviera incursa en causa de vulnerabilidad social.
En el último supuesto de que el lanzamiento fuese inminente y no se alcanzara acuerdos o fuese imposible su paralización, esta familia será remitida al comité de familias en riesgo de exclusión social (FRES), el cual valorará su situación y acordará que, en su caso, ésta pueda beneficiarse del programa de ayudas de alquiler o ser adjudicataria de una vivienda protegida de propiedad municipal o autonómica si existiera parque suficiente. En ningún caso se quedaría ninguna familia sin tener un hogar donde residir.
El segundo de los ejes de trabajo de la oficina se centra en los desahucios derivados de asuntos de impago de alquileres, tanto si el arrendatario no puede pagar la renta de alquiler o si le ha llegado una comunicación del juzgado u orden de lanzamiento, en estos casos se intentaría en primer término gestionar con el arrendador la posibilidad de que esta familia permanezca en su hogar reestructurando su deuda; en caso contrario y en los demás casos, el expediente de la familia se remitiría al comité FRES y al Registro de Demandantes de Vivienda, para iniciar el trámite oportuno para el posible acceso a una vivienda protegida.
Así, si se informa por el comité FRES que se está ante una situación de riesgo de exclusión social y necesidad urgente de vivienda, y no estuviese esta familia entre los 30 casos más urgentes del Comité (dado que a éstos de le adjudicaría una vivienda protegida), se procedería a la búsqueda de una vivienda de alquiler sujeta al plan de ayudas de alquiler, que se propone aprobar en el Consejo, por tres años.
El tercero de los ejes está centrado en las ocupaciones irregulares de vivienda. En estos casos, la Oficina del Derecho a la Vivienda remitiría el expediente al comité FRES y al Registro de Demandantes de Vivienda, para iniciar el trámite oportuno para el posible acceso a una vivienda protegida. Si se informa por éste que se está ante una situación de riesgo de exclusión social y necesidad urgente de vivienda, y no estuviese esta familia entre los 30 casos más urgentes del Comité (dado que a éstos se le adjudicaría una vivienda protegida), se procedería a la búsqueda de una vivienda de alquiler sujeta al plan de ayudas de alquiler, que se propone aprobar en el Consejo, por tres años.
TRABAJO DE LA OFICINA
Por otro lado, han informado de la creación de la Oficina del Derecho a la Vivienda, para la que se propone que la Dirección recaería en el Director-Gerente del IMV. La oficina estaría formada por cinco puestos de trabajo: un coordinador, un técnico jurídico, dos trabajadores sociales y un auxiliar administrativo.
El coordinador y el técnico juridico, licenciado en derecho, serán de los actuales empleados públicos y los trabajadores sociales y el auxiliar administrativo serán de nueva contratación y por periodo de tres años. La oficina que reside orgánicamente en el IMV, contará con todo el apoyo del resto de la administración municipal.
Para ello, en las próximas semanas se procederá a contactar con la administración autonómica para colaborar y coordinar los trabajos de esta Oficina con otros entes u órganos de ésta que trabajen en la misma dirección.
CREACIÓN DE UN CENSO DE VIVIENDAS VACÍAS
También la Oficina por el Derecho a la Vivienda elaborará un censo de viviendas vacías en propiedad de Bancos y promotores en concurso de acreedores. Para ello se valdrá de informes notariales sobre la gestión tributaria para la liquidación de la plusvalía municipal, así como de la colaboración de los Bancos y entidades sociales y ciudadanas.
De igual modo, se instará a la Junta de Andalucía a que reclame a la Sareb las viviendas que tiene a su disposición.
También se creará un propio de información. Este servicio se ejecutará por medio de la puesta en marcha de un teléfono de atención directa, así como de un servicio 'online' de atención a los afectados y de información en estos procedimientos de desahucio. Se publicarán para su seguimiento y de manera bimensual las actuaciones en viviendas sociales y ayudas al alquiler.
El IMV además propone al Consejo Rector crear un registro de viviendas en el municipio de Málaga con destino a ser alquiladas por demandantes de viviendas. La necesidad de viviendas, al encontrarse la totalidad de los 4.000 alojamientos de las que dispone el Ayuntamiento todos arrendados, hace imprescindible la búsqueda de nuevas opciones para las familias demandantes, con prioridad a las que tienen riesgo de exclusión social y necesidad urgente de vivienda.
REFUERZO MEDIDAS AYUNTAMIENTO ANTIDESAHUCIOS
Las medidas propuestas, tal y como han explicado, refuerzan las actuaciones que desarrolla el Ayuntamiento de Málaga dentro de su política proactiva de lucha contra los desahucios. Entre ellas, han recordado que en 2012 se creó la Oficina Municipal de Intermediación Hipotecaria que desde su creación hasta la fecha ha atendido a más de 700 personas.
De entre las atenciones de esta oficina creada, el 20 por ciento han sido derivados al Colegio de Abogados, en base al protocolo del convenio suscrito con ellos que establece que los casos que ya estén judicializados se remitan allí. Están siendo atendidos por letrados especializados en derecho civil y mercantil en un turno especial fruto de dicho acuerdo.
Por otro lado, del 80 por ciento restante que han tramitado en la oficina, el 64 por ciento se ha solucionado directamente o con asistencia letrada, por tanto no han llegado a ser demandados judicialmente como consecuencia del asesoramiento, intervención o negociación directa de este órgano municipal, de forma que se ha conseguido evitar que fueran objeto de un procedimiento judicial de ejecución hipotecaria; el 25 por ciento está en negociación abierta con entidades de crédito y el 11 por ciento se ha derivado a otras oficinas o dependencias.
De igual modo, desde 2008 no se ejecutan desahucios de VPO municipales de alquiler a personas con dificultades para el pago. Además, de que el Consistorio ofrece planes individualizados con facilidades de pago para inquilinos del parque municipal, contando actualmente con más de 370.
También desde 2011, a través del Plan de Familias en Riesgo de Exclusión Social impulsado por este Consistorio, se han adjudicado ya más de 330 viviendas protegidas a este colectivo, posibilitando el realojo de familias que proceden, por ejemplo, de desahucios y ejecuciones hipotecarias de viviendas privadas, así como por otras circunstancias de emergencia.
De igual modo, a través del IMV, se han materializado dos planes de compra de vivienda en 2014 y 2015 --se han adquirido 32 con una inversión de 1,5 millones de euros--, que se destinan al Plan FRES mencionado anteriormente. Éstas se asignan a familias en riesgo de exclusión social, con un alquiler social de entre 100 y 150 euros.
Asimismo, a las citadas acciones también se suman las prestaciones familiares de ayudas económicas para prevenir situaciones de desahucios que se gestionan desde los Servicios Sociales Comunitarios. En concreto, en 2014 se han ofrecido 729 prestaciones familiares de ayudas económicas, por un valor de 510.265 euros, para prevenir situaciones de desahucios; y en lo que va de 2015, de enero a junio, esta cifra alcanza 369 prestaciones o atenciones y 278.949 euros de montante económico.
