Durante 2016
MÁLAGA.- El delegado del Gobierno andaluz, José Luis Ruiz Espejo, y el delegado territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Javier Salas, han informado este jueves sobre el balance de actuaciones de la Inspección Pesquera de la Junta de Andalucía en Málaga, donde este servicio ha confiscado un total de 10.862 kilogramos de pescado y marisco ilegal, ha explicado el delegado del Gobierno.
Este volumen de incautaciones efectuado entre enero y octubre de este año ha supuesto un incremento del 31% respecto al mismo periodo de 2015, ha destacado Ruiz Espejo, quien ha precisado que este incremento se debe a la intensificación de controles de trazabilidad y documentación.
El delegado del Gobierno ha destacado que el trabajo que lleva a cabo el Servicio de Inspección Pesquera de la delegación territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural atiende a la vigilancia y control de la actividad pesquera y los productos derivados de la misma, en todo un amplio proceso que abarca desde la captura, el transporte y la comercialización hasta que llega al consumidor.
Ruiz Espejo ha añadido que en sus operaciones "vela por el cumplimiento de la normativa vigente en materia pesquera con el objetivo de proteger la sostenibilidad y preservación de nuestros caladeros así como de la seguridad alimentaria.
Respecto al tipo de producto incautado, el delegado del Gobierno ha precisado que la gran mayoría han sido chirlas (4.903 kgs.); atún (1.757 kgs.); concha fina (921 kgs.) y boquerón (742 kgs.). A estos productos les siguen el jurel (302 kgs.), cigala (253 kgs.), pulpo (230 kgs.), merluza (212 kgs.), y salmonete (189), además de coquina y bacaladilla, entre otros. Los mayores decomisos se han producido en vehículos (6.180 kilogramos) y en Mercamálaga (2.413 kilogramos), así como en el mar y playa (1.004 kilogramos), mientras que en las distintas operaciones desarrolladas se han intervenido un total de 6 vehículos y 3 embarcaciones.
Ruiz Espejo ha resaltado que, respecto al pescado decomisado, aquel que ha pasado los controles para garantizar que cumple los requisitos sanitarios "se ha entregado a entidades asistenciales y de ayuda social para que lo destine a la alimentación de las personas desfavorecidas con menos recursos económicos".
El delegado territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural ha explicado que la labor de la Inspección Pesquera de Málaga incluye asimismo el levantamiento, entre enero y octubre, de un total de 250 expedientes sancionadores con propuestas de sanciones por importe de 623.493 euros. Las infracciones más frecuentes, ha precisado Javier Salas, se refieren al ejercicio de actividades de pesca sin disponer de la correspondiente autorización (parte de ellas asociadas a la práctica del bolicheo), o de actividades de pesca en fondos o caladeros prohibidos, periodos no autorizados o en épocas de veda, y también por captura, transporte o venta de pescado que no alcanzaba la talla reglamentaria, esto es, inmaduros.
Tanto Ruiz Espejo como Javier Salas han destacado el trabajo que llevan los empleados públicos del Servicio de Inspección Pesquera de la delegación territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, que realizan su actividad fundamentalmente durante la noche y la madrugada, cuando se produce mayor movimiento de pescado ilegal. "Es un trabajo que pocas veces trasluce y hoy queremos reconocer la profesionalidad y dedicación de los miembros de la Inspección Pesquera", ha apostillado Ruiz Espejo.
Asimismo, desde noviembre de 2007 La Junta mantiene un convenio de colaboración con el Ministerio del Interior en esta materia, y en este sentido el delegado del Gobierno ha puesto énfasis en "la colaboración del Seprona de la Guardia Civil y también Policía Local de la provincia en muchas de las intervenciones realizadas por la Inspección Pesquera de Málaga".
El cometido de la Inspección Pesquera responde a la Política Pesquera Común que tiene como objetivo garantizar una explotación de los recursos acuáticos vivos en condiciones económicas, medioambientales y sociales sostenibles. Dicha finalidad lleva asociada también la protección de las garantías que deben tener los consumidores y de los derechos legítimos del sector pesquero frente a la competencia desleal que suponen las prácticas ilegales.
En todos estos objetivos tiene mucho que aportar la concienciación y la implicación de la ciudadanía, por lo que Javier Salas ha hecho un llamamiento al ciudadano en cuanto al pescado ilegal: "Si no se adquieren inmaduros ni especies prohibidas, no se pescarán; si no se compra en la venta ambulante ilegal ésta se erradicará; si se exigen garantías de la procedencia del pescado se respaldará su correcto etiquetado con toda la información relativa al mismo", ha señalado.
