Al fin se ha reabierto un debate público en torno a la gestión de los espacios culturales públicos en nuestra provincia que se vislumbró por primera vez con la privatización del Centro de Arte Contemporáneo (CAC) de la ciudad de Málaga a principios de este nuevo siglo. En este caso, la chispa ha sido que la Diputación de Málaga ha comprado una serie de obras artísticas, asesorada por el concesionario del Museo de Arte de la Diputación (MAD), a galerías con las que presuntamente éste podría tener relación o haber tenido relación.
Al debate político en la institución provincial, a instancias del grupo Ciudadanos, se une la creación de una iniciativa cívica de artistas (www.plataformacac.es) que se presenta como "una plataforma de profesionales del sector artístico, formada por artistas, comisarias, gestores culturales, críticas, periodistas, docentes e investigadoras, no solo de la provincia de Málaga sino de todo el territorio andaluz y nacional". Y añaden: "Pretendemos esclarecer la mala praxis que se ha ido llevando, desde sus inicios, en la gestión del Centro de Arte Contemporáneo de Málaga y el Museo de Arte de la Diputación". Lo anterior nos da pie a apuntar algunas cuestiones.
La privatización de la gestión de espacios culturales públicos ha derivado en una confusión de intereses que ha convertido a determinadas empresas adjudicatarias en potentes actores muy influyentes en la cultura desde el punto de vista económico, ya que controlan todas las fases del proceso, desde la compra, la distribución y la exhibición artística, pero financiados con dinero público, como en el caso del CAC.
Si miramos el MAD, una empresa privada gestiona la colección pública de la Diputación Provincial. ¿No hubiera sido más beneficioso para la provincia haber abierto el museo con una gestión pública, haber conformado una comisión artística para supervisar el proyecto desde el punto de vista profesional y haber encargado por concurrencia diferentes proyectos expositivos, educativos o culturales? Todo ello con un refuerzo de los servicios técnicos de la institución. La Diputación podía gestionar su museo, como hace con la Térmica o el Centro Cultural Provincial (María Victoria Atencia).
La creación de un museo habría sido un proceso cultural dentro y fuera de la institución. Sin embargo, el equipo de gobierno del PP optó por el camino más rápido, aunque el concurso de adjudicación quedó desierto una vez: adjudicó a una empresa el museo, firmó un contrato administrativo y dejó la supervisión, como marca la ley, en la jefatura de servicio de Cultura.
Estamos ante una confrontación de modelos políticos para la cultura: gestión pública directa o concesión privada. El Grupo Socialista en la Diputación ha defendido el modelo público. Ha quedado demostrado que al final esos espacios artísticos adjudicados a terceros se convierten en centros privados financiados con dinero público, las más de las veces sin la transparencia y el control exigido para evitar malas prácticas.
El modelo público se rige por la rentabilidad social sin que signifique un derroche de recursos. Aquí el derroche de recursos ha venido de la mano del modelo privado, con la precarización de las condiciones laborales y la búsqueda de un beneficio empresarial legítimo, pero insoportable desde el punto de vista público. Si se trata de buscar culpables, la culpa recae en el político que decide el modelo. Y para cambiar las cosas, cambiemos el modelo. Y al político.
Luis Guerrero, diputado provincial del Grupo Socialista en la Diputación de Málaga.
