Consejo de Administración de Limasa
MÁLAGA.- La portavoz de Málaga Ahora ha destapado este miércoles en rueda de prensa que el concejal de Medio Ambiente, Raúl Jiménez, llevó el pasado mes un punto sorpresa al último Consejo de Administración de Limasa con la intención de nombrar un interventor técnico afín a la privatización: "solo logró frenarlo la actuación categórica del secretario general, que señaló el tipo de ilegalidad en que se incurriría". Torralbo ha revelado que el procedimiento que pretendía Jiménez, y que en la práctica sustituía a la intervención municipal, únicamente corresponde a la cesión de servicios municipales, "como el caso de Parques y Jardines, por ejemplo", pero no de una empresa de carácter mixto (el 51% de Limasa es propiedad del Ayuntamiento).
La concejala ha insistido en que "no se entiende este interés de Jiménez, que de hecho provocó el desconcierto del alcalde, porque si duda se trataba de un golpe de mano preparado en la sombra". Para Torralbo "es sospechosa esa insistencia, en clara posición de minoría, en privatizar Limasa, cuando un cargo público debería tener como primera opción la municipalización y, en caso de no funcionar adecuadamente, optar por otros modelos". Ha sido tajante: "Jiménez anunció que dimitiría si no privatizaba Limasa porque está velando más por los intereses particulares que por los de la ciudad, y junto a otros concejales díscolos está trabajando a espaldas del alcalde".
En ese sentido se ha hecho eco de las recientes declaraciones del presidente de la Diputación, Elías Bendodo, que aspira a relevar a De la Torre: Ha manifestado que "su vocación es claramente municipal", pero ya ha adelantado que pretende privatizar Limasa, lo que casa muy mal con esa supuesta vocación". Además, ha añadido "que tal vez tenga que esperara más de lo que cree, pues el alcalde no ha anunciado su retirada".
El contrato actual de Limasa, a la espera de que se resuelva el futuro de la empresa (municipal, privado o mixto, como en la actualidad), está prorrogado. Las cuentas presentadas justo antes de la entrada en vigor de esa prórroga "han arrojado un resultado de siete millones de euros pagados a las privadas de Limasa en concepto de "compensación económica" (en virtud de una cláusula que rige desde 2005 para garantizar sus beneficios) por un solo trimestre, cuando el total estipulado para el año anterior era de 15 millones". Igualmente, por esos pocos meses han percibido "más de 650.000 euros en concepto de canon o asesoramiento técnico que, como quedó demostrado en la Comisión de Investigación, no existe".
Con estos datos, Torralbo ve "lógico" que Hacienda haya comenzado una investigación (que puede extender dos años): "Las tres privadas de Limasa son socias precisamente por sus supuestos conocimientos técnicos, de modo que no tiene sentido que cobren dos veces por ello".
Ese es el motivo por el que la portavoz de Málaga Ahora no comparte las declaraciones del alcalde sobre que el modelo de Limasa es una cuestión política: "No solo -ha manifestado-, con estos datos vemos que también es económica y de eficiencia".
Por último, Torralbo ha anunciado que su grupo llevará el lunes una moción a la Comisión de Urbanismo después de esperar 8 meses una respuesta a una solicitud de su grupo sobre "la relación de expedientes iniciados". La respuesta se ha limitado a afirmar que se carecen de medios para proporcionar esa información: "Lo acabamos de ver con la noticia sobre los miles de expedientes de irregularidades urbanísticas, paralizados y prescritos: Málaga es la ciudad sin ley para quienes tienes amigos y con todo su peso para quienes no lo tienen".
La moción pide que se establezcan mecanismo de auditoría, información y transparencia, y se depuren responsabilidades, entre otros puntos.
