Los activos estaban bajo custodia judicial en un procedimiento instruido por un juzgado de Marbella
MÁLAGA- El Juzgado de Instrucción número 9 de Málaga, en funciones de guardia, ha ordenado la suspensión cautelar de sus funciones a un funcionario de justicia investigado por la sustracción de criptomonedas valoradas en millones de euros. Los activos estaban bajo custodia judicial en un procedimiento instruido por un juzgado de Marbella, donde el implicado ejercía como letrado sustituto de la Administración de Justicia (LAJ).
Según ha confirmado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), el funcionario está siendo investigado por presuntos delitos de malversación de caudales públicos y de infidelidad en la custodia de documentos públicos. Los hechos se remontan a diciembre de 2023, cuando presuntamente accedió a un monedero electrónico judicial tras obtener las claves de acceso. En él se almacenaban criptomonedas valoradas en 15 millones de euros, que habían sido intervenidas en el marco de la mayor operación contra el crimen organizado de este tipo en España.
El valor de los activos llegó a fluctuar hasta alcanzar los 19 millones de euros, antes de su retirada ilícita. La Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA) detectó en enero que las carpetas virtuales estaban vacías, lo que llevó a la apertura de una investigación por parte del Grupo de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional.
Una vez identificado, el funcionario colaboró con los agentes, facilitando los datos necesarios para la recuperación íntegra del dinero sustraído, que ya ha sido reintegrado a la autoridad judicial. Según fuentes próximas al caso, el investigado se derrumbó y reconoció los hechos.
El funcionario formaba parte de la bolsa de trabajo de licenciados en Derecho habilitados para cubrir temporalmente plazas judiciales. Esta era su primera experiencia como LAJ sustituto y fue destinado entre octubre de 2023 y 2024 al Juzgado de Instrucción número 1 de Marbella, en sustitución de la titular, que estaba de comisión en Madrid.
Aunque el juzgado ya ha dictado auto de suspensión de funciones, el secretario coordinador de Málaga ha solicitado al Ministerio de Justicia su expulsión definitiva de la bolsa de sustituciones.
La investigación judicial se desarrolla ahora en el Juzgado de Instrucción número 4 de Marbella, y de continuar adelante, el caso será juzgado por un jurado popular. La Fiscalía presentó querella tras valorar el atestado policial y apreciar indicios claros de delito.
