Hay siete personas detenidas por su presunta implicación
MÁLAGA- Agentes de la Policía Nacional han desarticulado en Málaga un entramado criminal coliderado presuntamente por el ex director financiero de un importante grupo empresarial del sector de la construcción en la provincia, en concurso de acreedores en su momento, quien junto con el administrador concursal designado por un Juzgado de lo Mercantil, habrían dirigido el “expolio” de más de 100 millones de euros de la masa activa concursada, provocando con ello un grave quebranto económico de las compañías acreedoras, incluida la Hacienda Pública, que vieron frustradas sus legítimas expectativas de cobro.
Hay siete personas detenidas, entre ellas el ex responsable contable antes referido y varios de sus familiares, el administrador concursal, y un proveedor de servicios y su pareja sentimental, por su presunta implicación, según el caso, en delitos de insolvencia punible, apropiación indebida, administración desleal, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.
En el marco de la operación “Drave” se han efectuado cuatro registros en la provincia: dos en Málaga capital, uno en Marbella y otro en Casarabonela. En el domicilio del propio administrador concursal se intervinieron 426.000 euros en efectivo. Además, en esta fase se incautaron de un coche de alta gama y joyas por valor de 350.000 euros; se bloquearon activos financieros por valor de 2,5 millones de euros; y se decretó también la prohibición de disposición y enajenación de 173 inmuebles y 13 vehículos,valorados en 143 millones.
La investigación, realizada por agentes adscritos al Grupo II de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la Comisaría Provincial, bajo las dirección del Juzgado de Instrucción número 3 de Málaga y la Fiscalía de la Sección de Delitos Económicos, comenzó en septiembre del año 2023 contra la red investigada, a partir de una denuncia interpuesta ante la autoridad judicial.
Según las pesquisas, la trama inició su actividad en 2017, cuando entraron en concurso de acreedores las sociedades de un conocido grupo del sector de la construcción en la provincia,perdurando en el tiempo durante los años en que se llevó a cabo la liquidación de los bienes.
Precios de venta de bienes muy por debajo de su valor en el mercado
A lo largo de la investigación se detectaron numerosas operaciones mercantiles con las que el administrador concursal,actuando contra los intereses legítimos de las numerosas empresas acreedoras y faltando al mínimo deber de diligencia, enajenó multitud de bienes propiedad de las empresas concursadas a miembros del entramado criminal a precios de venta muy alejados del precio de mercado -ejemplos de ello seríala venta de plazas de aparcamiento por 1.500 euros en barrios residenciales en la capital como Teatinos o la venta de 14 viviendas en construcción en Estepona por apenas 70.000 euros-;dispuso de activos de las sociedades en liquidación fuera de los cauces concursales en condiciones de venta muy favorables para la organización; e imposibilitó la adquisición de activos por terceros de buena fe interesados en los mismos, ocultando y manipulando información con objeto de esconder la actividad delictiva llevada a cabo.
Información privilegiada del ex director financiero
También quedó demostrada, a juicio de los investigadores, la acción conjunta y connivente con el ex director financiero del grupo empresarial, el cual partía con información privilegiada sobre los activos de gran valor propiedad de las empresas concursadas, aprovechando su situación para dirigir los bienes más preciados hacia empresas gestionadas por la organización criminal.
Para todo ello, los sospechosos habían creado un entramadoparalelo de compañías que figuraban a nombre de familiares de los principales investigados. Estas nuevas empresas eran utilizadas como instrumento para realizar actos fraudulentos encaminados a convertir a sus integrantes en los grandes beneficiarios de la masa de activos que poseían las sociedades en liquidación.
En este sentido, la Policía Nacional pudo constatar numerosas operaciones que escondían fondos desviados de las sociedades concursadas a las recién creadas por la organización, por supuestos servicios prestados y bajo el falso concepto de “facturas”, que en la práctica suponían el ingreso de un dinero que destinaban a la compra de activos de los concursos: bienes inmuebles, derechos de cobro de entidades públicas pendientes de cobro, créditos, entre otros. Dicho de otra manera, los activos del entramado fueron pagados por las propias concursadas lo que supuso un doble perjuicio a los legítimos acreedores.
Finalmente, el concurso finalizaba sin poder hacer frente a las deudas que pesaban sobre las empresas del grupo empresarial,aún contando con un patrimonio millonario, valorado en el plan de liquidación y presentado por el administrador concursal en 200 millones de euros. De la investigación llevada a cabo se acreditó que la organización directamente se lucró de manera ilícita de bienes propiedad de las empresas concursadas valorados en más de 100 millones de euros, imposibilitando las legítimas expectativas de cobro de la mayoría de acreedores.
