MÁLAGA.-
La Consejería de Educación inició en 2006 una carrera en privatización de servicios educativos, que se ha visto acelerada coincidiendo con la llegada de la crisis, ello se ha materializado cubriendo las necesidades de personal complementario en los centros públicos adjudicando a empresas privadas servicios educativos como son: apoyo al alumnado con necesidades educativas especiales, aula matinal, acompañamiento en el trasporte escolar, comedores escolares, los intérpretes de Lengua de Signos, servicios complementarios y gestión de Escuelas Infantiles de primer ciclo o la limpieza de centros, entre otros.
Según la responsable de personal laboral de la Federación de Enseñanza de CCOO de Andalucía, Marina Borrego, en este curso 2015/16 hay 2.797 colegios, institutos, escuelas infantiles, residencias escolares y centros de enseñanzas de régimen especial con servicios privatizados, de ellos se derivan 17.516 empleos prestados por trabajadoras y trabajadores con unas condiciones laborales sumamente precarias: más del 95% de los contratos es a tiempo parcial, muchos de ellos de hora y media diaria; salarios bajos; dispersión de convenios colectivos e incumplimiento de los referenciados en los pliegos de licitación; o incluso, presión empresarial para aceptar renuncias a derechos. "El empleo en estas actividades privatizadas supera ampliamente en número al realizado por personal propio de la Consejería de Educación, que en el curso pasado alcanzaba la cifra de 12.700 empleadas y empleados públicos aproximadamente", lamenta Borrego.
Todo ello, denuncia el secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO de Andalucía, José Blanco, "con la pasividad de la Consejería de Educación que es quien subcontrata los servicios, mayormente a través de su ente instrumental que es la Agencia Pública Empresarial de Educación".
CCOO ha realizado un estudio partiendo de los pliegos de las 64 licitaciones que han regulado las contrataciones con empresas actualmente en vigor, se ha tenido en cuenta además la oferta educativa de la Consejería de Educación para el curso 2015/16. El objeto del mismo es conocer en toda su amplitud la privatización de servicios que se lleva a cabo en los centros docentes y educativos públicos de titularidad de la Junta de Andalucía, para concretar una intervención activa en lo referente a la demanda de condiciones de trabajo dignas frente a los "minijobs" potenciados por Educación, el mantenimiento del empleo y la reversión a lo público de las actividades privatizadas.
En los centros educativos públicos, mayormente colegios de Infantil y Primaria e institutos de Secundaria, se prestan un total de 5.200 servicios que son atendidos por empresas subcontratadas por la Consejería de Educación.
Ante la incidencia tanto en la calidad del empleo como del servicio, CCOO exige a la Consejería de Educación imponer en todos los pliegos de licitaciones el convenio colectivo de referencia y categoría aplicable en cada caso; la subrogación de personal; cláusulas que obliguen a las empresas adjudicatarias a no minorar las condiciones de trabajo (jornada, salario y mejoras sobre legislación laboral básica) de los trabajadores y trabajadoras adscritos al contrato en el que se incorpora la misma, en función del convenio colectivo que resulte de aplicación al presentarse la oferta.
No obstante, finaliza Blanco, "CCOO aboga por la prestación de todos los servicios vinculados a escuela pública mediante una gestión pública y por ende la reversión a lo público de todas las actividades y el empleo privatizado, teniendo en cuenta a su vez los derechos laborales y el mantenimiento del empleo de las personas contratadas para su prestación".
• Según un estudio del sindicato, el número de trabajadores y trabajadoras dependientes directamente de la Consejería de Educación que prestan estos servicios son 12.700 frente a los 17.516 que lo hacen a través de empresas privadas.
• Las condiciones laborales de quienes atienden los servicios privatizados son cada vez más precarias.
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08/10/2015 FECCOO-A.
