Es la idea que este grupúsculo de políticos aspira a transmitir a la ciudadanía. Dice Abalos que va a denunciar a la Guardia Civil. Curioso esta sociedad en la que un presunto delincuente dice a voz en grito que va a denunciar a un cuerpo de las fuerzas de seguridad del Estado. Lo ha dicho en el Congreso y me imagino que allí se siente respaldado por los privilegios de los congresistas ante la ley. Están aforados y mientras prospera el suplicatorio para su procesamiento brama para amedrentar y asustar a quienes quieren la aplicación de la ley.
La bravuconearía de los presuntos delincuentes suele ser una señal de su debilidad ante la ley. Puede ser que las circunstancias cambien tanto que los que hoy están imputados, mañana se les cambie su estado procesal por el de testigos. Cosas peores se han visto. Fíjense en el caso de los ERE en nuestra Andalucía. El dinero no ha aparecido y los que fueron condenados han sido amnistiados.
Pero en el camino hacia la destrucción de los pilares de la democracia se pueden ver todavía mas barbaridades. En la actualidad existe un anteproyecto de ley de enjuiciamiento criminal, al que han añadido consideraciones importantes sobre el Ministerio Fiscal.
Por lo tanto, no se trata de una iniciativa del Consejo, sino del Gobierno. El CGPJ ha actuado como órgano consultivo –evitado cuando el Ejecutivo utiliza el fraude de la proposición de ley– y ha dado una opinión valiosa para dar equilibrio a la reforma. El anteproyecto del Gobierno es un sistema procesal penal de nueva planta, cuya principal novedad es la atribución de la investigación de los delitos a los fiscales, desplazando al juez instructor a un papel de garante de los derechos de las partes. Vista así, pocas objeciones podrían ponerse a la reforma, pero las hay porque, por mandato constitucional, el juez en España es independiente y el fiscal, no.
La Constitución de 1978 dispone que la Fiscalía se organiza internamente bajo los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica. Dicho en lenguaje comprensible: todos a una y a la orden del fiscal general, cuyo nombramiento incumbe al Gobierno, también por disposición constitucional. Aunque existen medidas de control como que cualquier fiscal puede pedir por escrito la orden con la que discrepan, el Consejo Fiscal o la Junta de Fiscales de Sala, órganos de control interno que han sido demolidos por el actual Fiscal General. Como es lógico, una modificación sustancial de la Fiscalía para que adquiera una independencia cercana a la judicial requeriría una reforma constitucional. Pero la Fiscalía, salvo que exista una modificación constitucional, seguirá dependiendo del Gobierno.
