2024 termina con un sabor agridulce para la provincia de Málaga. A pesar de los avances tangibles que ha liderado el Gobierno de Pedro Sánchez, como el liderazgo en la creación de empleo, el incremento del sueldo medio o el crecimiento sostenido de la economía local, los alcaldes del PP y la Junta de Andalucía han demostrado una preocupante falta de compromiso hacia las necesidades reales de la ciudadanía.
Lejos de priorizar el bienestar de sus vecinos, los dirigentes del PP en Málaga han optado por una estrategia de confrontación y desatención. Los ejemplos abundan: mientras el Gobierno central ha invertido más de 1.100 millones de euros en la provincia, la Junta, que tiene competencias directas en áreas clave como la sanidad, la educación y la vivienda, permanece paralizada. Promesas incumplidas y anuncios vacíos son el pan de cada día, especialmente en temas como el tercer hospital de Málaga, el hospital de Mijas o los centros de salud, donde las inversiones no llegan.
La Diputación, bajo el mando de Salado, sigue las mismas pautas. En lugar de invertir en los pequeños y medianos municipios para frenar la despoblación o mejorar servicios básicos, se dedica a financiar obras y eventos de dudosa prioridad, como la sede judicial de Torremolinos o una millonaria carrera de motos acuáticas en Puerto Banús. Mientras tanto, servicios esenciales, como el retén de bomberos de Periana, siguen cerrados y las carreteras en zonas rurales continúan en un estado lamentable.
En la capital, el alcalde Francisco de la Torre se enfrenta a un creciente descontento ciudadano. La falta de políticas para fomentar la vivienda asequible, la proliferación descontrolada de pisos turísticos o la privatización de espacios públicos como el Parque del Oeste son algunos de los problemas que han generado protestas masivas. Sin embargo, su gobierno permanece inmóvil, priorizando otros intereses antes que las necesidades de los malagueños.
Por el contrario, el Gobierno de Pedro Sánchez ha demostrado un compromiso evidente con Málaga. Desde la construcción de 1.300 viviendas de protección oficial en el sector Buenavista hasta el impulso de infraestructuras clave como la ampliación del Metro al PTA o hacia el este de la ciudad. Además, las inversiones en obras hídricas, tan necesarias para la provincia, muestran un esfuerzo tangible por garantizar el acceso al agua, incluyendo la presupuestación de 100 millones de euros para una desaladora en la Axarquía.
En términos sociales y económicos, el Ejecutivo central ha marcado la diferencia: desde los ERTE durante la pandemia hasta la subida del Salario Mínimo Interprofesional y de las pensiones, pasando por los fondos europeos Next Generation, que han impulsado proyectos estratégicos en la provincia.
Sin embargo, la falta de cooperación y lealtad institucional por parte de la Junta de Andalucía y los alcaldes del PP han lastrado muchos de estos avances. En lugar de sumar esfuerzos, han optado por una política de confrontación, sacrificando los intereses de Málaga por cálculos electorales. Para 2025, todo indica que seguirán priorizando sus siglas antes que a sus vecinos, perpetuando un modelo político que no concibe otra forma de actuar que el “cuanto peor, mejor”.
Es hora de que los alcaldes del PP y la Junta cambien de rumbo y cumplan con sus responsabilidades, porque Málaga no puede seguir esperando.
