Moción institucional
MÁLAGA.- La vicepresidenta y diputada de Igualdad, Ana Mata, ha anunciado, tras la reunión mantenida este pasado jueves con representantes de Aspromanis Servicios y Feaps (Federación Empresarial de Asociaciones de Centros Especiales de Empleo), que convocará a los representantes de los grupos políticos de la institución, PSOE, Ciudadanos, IU y Málaga Ahora, para abordar "cuanto antes" el compromiso adoptado en el pasado pleno ordinario celebrado el pasado lunes en una moción institucional.
En el texto, inicialmente presentado por el Partido Popular y que ha pasado a ser institucional tras el apoyo de todos los representantes políticos, se insta a la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía, a afrontar la deuda que mantiene con los Centros Especiales de Empleo con el objetivo de que estos "puedan ponerse al día con el pago de las nóminas de sus trabajadores". Asimismo, se solicita un seguimiento y control del correcto uso de las subvenciones y ayudas concedidas a los centros.
Mata ha explicado en un comunicado que el retraso en el cobro de las subvenciones que reciben los Centros Especiales de Empleo de la provincia por parte del gobierno regional, "está poniendo en peligro a estas entidades, llevando a algunas de ellas a tener que presentar un ERE, ya que no pueden pagar las nóminas, y tienen que fraccionar el IVA e incluso solicitar pólizas de crédito".
A nivel local, ha explicado, la deuda asciende a 12 millones de euros, según calculan las asociaciones, viéndose afectados un total de 2.500 trabajadores. En relación con la deuda a nivel andaluz, ésta alcanzaría los 60 millones de euros, y los correspondientes a las nóminas de 11.000 personas.
La situación es "grave", tal y como les ha trasladado los representantes de Feaps y Aspromannis a la vicepresidenta, que afirman que los centros "se encuentran asfixiados ante el impago de la Junta".
En este sentido, Mata ha señalado que "la demora de los pagos, la reducción presupuestaria, o el cambio en la fecha de las ayudas pública que deben recibir del gobierno andaluz para subsistir, les supone problemas de liquidez y les obligan a acometer recortes que afectan estas personas que se encuentran en una mayor situación de vulnerabilidad".
Por último, ha subrayado el hecho de que estos centros son fundamentales para la inserción laboral de personas que padecen alguna discapacidad "y el compromiso de la Junta es pagar el 100 por ciento de la Seguridad Social y la mitad del Salario Mínimo Interprofesional de cada trabajador, siempre que el 70 por ciento de la plantilla tenga una discapacidad superior al 33 por ciento".
