524 multas a empresas
MÁLAGA.- La Inspección de Trabajo viene realizando desde hace años una campaña especial de control en el sector de la hostelería en la provincia de Málaga para combatir la economía sumergida. En este 2017, y cerrada ya la temporada alta turística, el balance hasta el mes de octubre arroja más de 1.600 visitas de inspección y casi 4.300 actuaciones que se han saldado con, entre otras incidencias, la regularización de 944 trabajadores que estaban en situación irregular en sus empresas, ya sea por no tener contrato de trabajo o porque echaban un 50% más de horas de las que estipulaba su jornada laboral.
Las cifras de empleo en negro aflorado en este 2017 son, a pesar de que el número de visitas ha subido ligeramente, un 20% inferiores a las que Trabajo tiene computadas para el mismo periodo del pasado año pero el propio jefe de la Inspección en Málaga, Alfonso Conejo, reconoce a este periódico que la incidencia de la economía sumergida sigue siendo alta y que es tarea de su departamento «seguir afinando» en los controles para destapar todo el fraude que pueda existir. «Sabemos que lo que sacamos es sólo una pequeña parte de la realidad. Tenemos que seguir incidiendo en una labor de búsqueda de los nichos de fraude laboral, insistiendo en las visitas sorpresa a los negocios, durante los fines de semana y en horario nocturno», explica.
Los casos de empleados con contrato a tiempo parcial que trabajan muchas más horas de las que les corresponde son los más frecuentes detectados por los inspectores en sus visitas a bares, restaurantes, chiringuitos o discotecas de la provincia. Por zonas, la capital y toda la franja de la Costa del Sol centran las labores de control, por concentrar a la mayor parte de los municipios con más población de la provincia y, en consonancia, a la mayoría de negocios y trabajadores del sector hostelero.
El balance de la Inspección revela que los controles de este departamento han permitido levantar entre enero y octubre de 2017 más de 524 actas de infracciones en diferentes empresas y unas propuestas de sanción que suman algo más de tres millones de euros (en este caso una cifra algo superior a la del pasado año).
La campaña de control en la hostelería ha posibilitado además una recaudación inducida de otros 277.000 euros para la Seguridad Social, correspondientes a bases de cotización no satisfechas, diferencias relativas a la incorrecta aplicación del convenio colectivo de hostelería por parte de las empresas o prestaciones de desempleo recuperadas para las arcas del Estado. Se da la circunstancia, por ejemplo, de 60 casos en los que un trabajador que estaba sin contrato en una empresa se encontraba además cobrando la prestación por desempleo, según los datos de la Inspección.
