Balance Diciembre Solidario
MÁLAGA.- La vicesecretaria de Sociedad del Bienestar del PP andaluz, Ana Mestre, ha denunciado este miércoles que "la Junta de Andalucía ha mermado en un 80% las subvenciones derivadas del Impuesto sobre la Renta Física de las Personas (IRPF) a las entidades sociales de la provincia y de la comunidad, tal y como refleja la resolución provisional con fecha de 5 de diciembre", transferencias que desde el año 2017 son asignadas por las comunidades y no por el Gobierno.
Así lo ha expuesto Mestre junto a la secretaria general del PP de Málaga, Patricia Navarro, y la vicesecretaria provincial de Acción Social, Ruth Sarabia, advirtiendo de que "proyectos que estaban garantizados a través del IRPF cuando dependía del Gobierno de España pasan ahora a tambalearse, pese al compromiso de las autonomías de que debían garantizarse las iniciativas ya iniciadas".
De este modo, ha destacado que "desde el PP nos sumamos a las reivindicaciones de las entidades y colectivos sociales de Málaga y del resto de Andalucía, ya que la transferencia de esta competencia a la Junta supone que estas asociaciones dejen de percibir en torno al 80% de lo que venían recibiendo en años anteriores".
Mestre, que ha calificado este tijeretazo como "escandaloso", ha lamentado que "la Administración andaluza de Susana Díaz, en lugar de intensificar este apoyo, recorte las ayudas a proyectos sociales imprescindibles para el bienestar de los más vulnerables, entre los que se encuentran mayores, menores, inmigrantes, personas con discapacidad o mujeres víctimas de violencia de género", ha explicado.
"La Junta recorta el 80% de estas partidas pese a que la cantidad consignada es la misma que recibía el Gobierno en este concepto en 2016: 39 millones de euros, pero el problema está en que el reparto ahora lo hace la Junta", ha apostillado.
Al respecto, la vicesecretaria regional ha subrayado que "el problema es que el Gobierno andaluz ha recibido solicitudes por valor de 400 millones de euros y, en lugar de priorizar, va a repartir a un mayor número de entidades, pero cantidades que en todos los casos no cubren las necesidades de estos usuarios", ha alertado.
"Es una acción que va contra las personas más desfavorecidas, contra el trabajo desinteresado de sus empleados y voluntarios, que dan la cara ante competencias que debería asumir la Junta, que además de no ejecutar las partidas presupuestarias resuelve en contra de estas entidades, abandonando las políticas sociales con la que debería estar comprometida al cien por cien", ha criticado.
Esto se traduce, ha continuado, en que "las entidades tienen que estar mendigando lo que debería transferirle la propia Administración andaluza por la actividad que realizan y sin cuya actuación no existiría el Estado del Bienestar".
Mestre, que ha citado a Proyecto Hombre, la Federación de Discapacitados Psíquicos, la Asociación de Alzheimer de Pizarra o la Fundación Anna O entre los colectivos afectados en Málaga, ha insistido en que "la clave está en que la Junta recorta las subvenciones que hasta ahora se estaban asignando para dar cantidades irrisorias a mayor número de asociaciones, con partidas que descienden hasta los 1.800 o los 3.000 euros", ha afeado.
Asimismo, ha informado de que "también se recortan la convocatoria de subvenciones propias del Gobierno andaluz con una merma de en torno al 75%, de manera que las entidades andaluzas han dejado de tener garantizadas, por una vía o por otra, los recursos que se les transfería años atrás".
Por todo ello, ha anunciado que "desde el PP andaluz y atendiendo a las denuncias que estamos recibiendo, vamos a registrar una iniciativa en el Parlamento exigiendo a la Junta que saque las bases de convocatoria de subvenciones el 1 de enero, con el fin de que resuelva en abril y en mayo se empiecen a percibir", alegando que "el pasado año convocaron en marzo ante la exigencia del PP pero no resolvieron hasta septiembre u octubre, siendo la tónica general la de convocar incluso en septiembre, por lo que se saltan un año", ha criticado.
La secretaria general del PP de Málaga, Patricia Navarro, ha valorado las acciones desarrolladas por la formación provincial en el marco del Diciembre Solidario, apuntando que "se han realizado una veintena de visitas a colectivos sociales, de las que deducimos, por una parte, que Málaga tiene un corazón muy grande y, por otra, las deficiencias y carencias que sufren estas entidades y en las que la Junta tiene mucha responsabilidad", ha manifestado.
De este modo, Navarro ha resaltado que "el PP es el partido de las personas", indicando que "en diciembre aparcamos la actividad política para centrarnos en la acción social", si bien ha recordado que "estas iniciativas se vienen desarrollando durante todo el año".
Como dato, ha señalado que "del almuerzo de navidad realizado el 16 de diciembre bajo el lema 'Un afiliado, un kilo', hemos recogido 600 kilos de alimentos no perecederos, que serán entregados a la red de economatos sociales de Málaga", punto en el que ha agradecido "su solidaridad no sólo a los representantes públicos de la formación, sino a los afiliados y simpatizantes".
Por su parte, la vicesecretaria provincial de Acción Social, Ruth Sarabia, ha puesto de manifiesto que "la política de despacho de la Junta no soluciona los problemas de estas entidades", apuntando "la falta absoluta de plazas concertadas en Málaga tanto para atender a personas con discapacidad como para menores autistas o enfermos de alzheimer", indicando que, en el último caso, "apenas se cubre el 0,9% de las plazas para dar cobertura a los 15.000 pacientes de la provincia".
"Esto obliga a costear una plaza privada o a quedarse en casa, tal y como denuncian también desde la Asociación de Familiares de Pacientes de Esquizofrenia (Afenes), mientras que en el caso de los mayores, apenas el 0,3% de las plazas para estancia diurna están concertadas", ha lamentado.
En esta línea, ha indicado que "la desidia de la Administración autonómica afecta igualmente a los jóvenes ex tutelados que abandonan los centros de acogida al cumplir la mayoría de edad sin papeles, sin recursos y sin formación", apuntando que "gracias a la iniciativa de ayuntamientos como el de Málaga se crean programas específicos para atenderles y evitar que acaben en la calle".
"Los ayuntamientos y entidades se atribuyen estas actuaciones sociales ante la inacción del Gobierno andaluz que, lejos de cumplir con su competencia, les castiga recortando las subvenciones con las que deben atender a estos usuarios", ha concluido.
