Pobreza energética
MÁLAGA.- Este jueves, la concejala del Grupo Mpal. Málaga para la Gente, Remedios Ramos, ha querido destacar las cifras de pobreza y exclusión social que en los últimos años sigue subiendo en Málaga. Ramos ha dado a conocer una iniciativa que pretenden llevar a la Comisión y que pretende "reforzar por parte de las administraciones públicas la atención directa a este sector en la sociedad que se encuentra en riesgo de exclusión social con un plan de choque contra la pobreza y la desigualdad social".
En Málaga hay cerca de 150.000 personas que se encuentran en riesgo de exclusión y pobreza, datos que afirma la concejala de Málaga para la Gente ya que "cuadran con las cifras que manejan los servicios sociales de Málaga". Además, también ha querido señalar otros datos "alarmantes", como que "la mitad de los menores de 16 años viven en hogares que llegan a fin de mes con gran dificultad y 4 de cada 10 malagueños y malagueñas tienen dificultades para llegar a fin de mes. Son casi 10 puntos por encima de la media estatal. El riesgo de pobreza en Málaga ha ido aumentando en más de un punto cada año".
Los servicios sociales no dan abasto y en lugares como Campanillas, 6 de cada 10 habitantes han requerido de su ayuda, una cifra que aumenta de manera considerable en lugares como Palma-Palmilla donde los datos reflejan que uno de cada dos habitantes ha necesitado atención.
Por otro lado, la concejala ha querido denunciar que las facturas de electricidad subirán este invierno un 10% mientras las grandes compañías eléctricas (Endesa, Iberdrola y Gas Natural) acumulan ganancias de 56.624 millones de euros desde que comenzó la crisis.
Con respecto a esto, Ramos Sánchez ha criticado que el Gobierno central haya regulado un bono social eléctrico "insuficiente" debido a que la pobreza energética puede influenciar en la esperanza de vida y el agravamiento de las enfermedades crónicas. Por eso han creado una moción donde instan al Gobierno central a "aprobar una ley con una serie de medidas que regulen el sistema de suministros básicos garantizando que las tarifas no sean objeto de mercado, además de ser favorable para las familias con bajos ingresos así como convencer al Gobierno de que reforme la regulación del bono social eléctrico para que tenga un mayor alcance en la sociedad".
