Cada día nos encontramos con una consecuencia más de las distintas medidas que se toman bajo el espíritu de la reforma del artículo 135 de la Constitución. La deriva externalizadora de los servicios esenciales que cada administración, dentro de sus competencias, tiene que asumir y que se ponen en manos privadas lo que provoca una merma tanto en la calidad del servicio como en los derechos laborales de las y los trabajadores que la desempeñan.
En esta ocasión nos vamos a referir a la Sanidad. Un derecho constitucional cuya competencia en nuestra tierra es de la Junta de Andalucía y en la que se están dando casos de extrema gravedad, como lo atestigua su propio informe del Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía, en el que se concluye que Clínica Pascual ha cobrado ilícitamente más de 164 millones de euros, derivados, entre otras cuestiones, de una situación de dominio en la que se encuentra la parte privada sobre la pública por la falta de inversión en materia sanitaria. Es decir, que por la incompetencia de la Junta, la sanidad de las y los andaluces depende de la voluntad de la parte privada.
Algo que no es aislado, y se repite en la cuestión que pongo de relieve en este artículo en cuento al Servicio de Transporte Sanitario, en el que derivados de las propias licitaciones, así como de las bajas en las mismas, tenemos una merma en el servicio que incumple claramente la normativa al respecto.
Las ambulancias según el R.D. 836/2012 están catalogadas según su dotación tanto material como personal en diferentes categorías. Así básicamente son Asistenciales (que dotadas con más de un técnic@) y no asistenciales, con sólo un técnic@ que hace las veces de conducción. La diferencia (basícamente) es esa, unas están preparadas sólo para el transporte (las no asistenciales) y otra para mientras se traslada dar asisencia (bien básica o avanzada)
La realidad que nos encontramos es licitaciones en las que se prima por encima de todo la dotación de ambulancias no asistenciales para, no sólo su cometido, sino para servicios de urgencias.
Esto es lo que está ocurriendo en la práctica totalidad de los avisos. Las urgencias se están atendiendo por Ambulancias no asistenciales, es decir dotadas con un únic@ técnic@ lo que provoca que en numerosas ocasiones aparezcan en prensa las consecuencias de una mala asistencia por mucho compromiso que pongan los profesionales a los que les toca hacer el servicio es imposible que una persona sola pueda atender situaciones graves.
La Junta de Andalucía, con estas licitaciones es cómplice directo de una auténtica estafa. Defrauda un derecho fundamental como la sanidad, supeditando la calidad del servicio a la voluntad de empresarios que, sea quienes sean todos están cortados por el mismo patrón: el patrón de ganar dinero a base de dar un servicio peor y con condiciones laborales precarias.
La solución es la recuperación de todos los servicios dependientes de la sanidad a una gestión pública al 100%, para lo que se requiere voluntad política tal y como ha realizado con respecto al Transporte Sanitario el Gobierno Balear donde los datos atestiguan una mejora importante tanto en la calidad del servicio como en la calidad de los derechos laborales.
Una voluntad política en defensa de los servicios públicos de calidad que por desgracia lamentamos que el Gobierno de Susana Díaz la platique en mítines, pero no la practica en su acción de gobierno, que siegue siendo un fraude que juega con nuestra salud.
[cabezon name="Guzmán Ahumada" designation="Coordinador provincial de Izquierda Unida en Málaga " img="guzman" /]
