Competencia desleal
MÁLAGA.- El consejero de Turismo y Deporte, Francisco Javier Fernández, reclamó este viernres al Gobierno central el establecimiento de un marco estatal que "armonice" la regulación de la fiscalidad de los alquileres de viviendas con fines turísticos (VFT), y que, además, fije las competencias de los ayuntamientos a la hora de establecer "tributos locales, zonas saturadas o limitaciones" para este tipo de alojamientos.
En la inauguración en Málaga de las 'Jornadas Jurídicas sobre viviendas con fines turísticos" -organizadas por la Junta y la Universidad Internacional de Andalucía-, el consejero afirmó que esta fórmula de alojamiento es un "fenómeno global" y consideró que hay que fijar las mismas condiciones para todos los actores que operan del sector, evitando el intrusismo, y, al mismo tiempo, "ofrecer garantías" a los visitantes.
Fernández apuntó que, una vez que se sacaron estos alquileres de la Ley de Arrendamientos Urbanos en 2013, la regulación de esta actividad ha resultado "muy difícil" para las comunidades, dando lugar a una normativa diferente en cada territorio. Sin embargo, incidió en que hay serie de implicaciones, como la fiscalidad o determinadas competencias locales, que exigen un marco estatal que "armonice" la legislación.
El consejero explicó que, en el ámbito de las competencias autonómicas en materia turística, las VFT están reguladas en Andalucía por un decreto de 2016, por el que se integra este tipo de alojamiento en la oferta reglada. El objetivo de esta regulación es ordenar este formato alojativo , así como "ofrecer a los clientes unas garantías de calidad" durante su estancia y "luchar contra la competencia desleal, precisó.
Fernández defendió que la comunidad andaluza fue de las primeras en aprobar un normativa al respecto, que han sido utilizada como modelo por otras regiones y que, además, es la "única que no está impugnada". En el decreto, según detalló, "definimos qué es clandestino y qué no" con la obligatoriedad de inscribirse en Registro de Turismo de Andalucía (RTA), en el que ya figuran 34.800 VFT.
Junto con la inscripción obligatoria, se establecen unos requisitos mínimos de calidad y confort equiparables a los del resto de alojamientos, con el fin de asegurar los derechos de los usuarios y evitar situaciones de fraude, intrusismo, clandestinidad y competencia desleal. Además, garantiza la seguridad pública al obligar a los propietarios a llevar a cabo un registro sobre los viajeros que utilizan este hospedaje.
En este sentido, este tipo de inmuebles deben disponer de licencia de ocupación y cumplir con las condiciones técnicas y de calidad fijadas, como las relativas a ventilación exterior, mobiliario, refrigeración, ropa de cama, menaje y botiquín. También tienen que ofrecer información turística de la zona y hojas de quejas y reclamaciones, así como un teléfono de contacto para resolver incidencias durante la estancia.
