10 meses de investigación
MÁLAGA.- Agentes del Departamento de Delitos Telemáticos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, conjuntamente con agentes de la Policía Autonómica de Cataluña de la División de Investigación Criminal (DIC) adscritos a la Unidad Central de Delitos Informáticos (UCDI), han llevado a cabo una operación contra compradores de pornografía infantil a través de internet y correo postal.
La operación se ha saldado con 12 personas detenidas y otras 31 investigadas. En la provincia de Málaga se descubrió que uno de los investigados se trataba de un profesor de instituto, que se valía de su situación de prevalencia y autoridad respecto a sus alumnos para realizar acercamientos a los mismos con fines sexuales.
Esta investigación nació a raíz de la desarticulación de un grupo criminal el pasado 2016, durante la operación TRINITY, en la que, también en base a una colaboración entre Guardia Civil y Mossos d'Esquadra, se detuvo a un total de 7 personas por múltiples delitos de abuso sexual a menores, producción y distribución de pornografía infantil.
Las gestiones iniciadas permitieron constatar que en un piso del municipio tarraconense de Tortosa se estarían efectuando abusos sexuales y la grabación de estas prácticas. Esto permitió la detención en mayo de 2015 de tres personas, dos de nacionalidad francesa y una de nacionalidad marroquí, para los que se decretó ingreso en prisión. El análisis del material intervenido permitió identificar al resto de componentes del grupo organizado, ubicados en Barcelona, Bilbao y Valencia, lo que permitió llevar a cabo un total de 5 registros y 4 detenciones de individuos que ya antes habían estado detenidos en otras operaciones policiales, cuya actividad criminal también se centraba en la corrupción de menores de la calle.
Ese domicilio de Tortosa funcionaba como productora y tenía preparado para su distribución postal más de 1400 DVDs así como un catálogo a disposición de los consumidores de más de 2000 títulos. La productora establecida por el grupo criminal había estado en funcionamiento entre los años 2008 y 2015, siendo los últimos años en los que incorporaron la distribución a través de Internet.
Del análisis efectuado de las imágenes intervenidas en las dos fases de la operación, los investigadores detectaron 28 dominios web desde donde se estaba distribuyendo pornografía infantil, así como más de un millón de fotografías y vídeos de material pedófilo en más de 12 terabytes de información y mil DVD´s. Los agentes comprobaron que gran parte del material de pornografía infantil difundido era producido por el propio grupo criminal mediante la captación y explotación sexual de menores que se encontraban en situación de riesgo marginal en localidades de Barcelona, Tortosa, Valencia y Marruecos.
Un ejemplo de la exhaustiva labor policial de investigación fue la identificación de los menores, que requirió el estudio de más de 5000 fichas de menores para poder llegar a identificar solo a cuatro de ellos, además de estudiar de forma detallada fotograma a fotograma de los vídeos incautados, lo que permitió identificar 27 víctimas más y conocer la existencia de un mínimo de otras 52 víctimas. Igualmente, cabe destacar la labor operativa llevada a cabo en el barrio de El Cabanyal, en Valencia, en la identificación de víctimas. La situación económica de muchas familias de esta zona la convirtió en el objetivo del grupo criminal a la hora de captar a menores para sus prácticas. Las tareas desempeñadas en esta zona permitieron identificar a 14 menores en este barrio.
También constataron que buena parte de las imágenes habían sido producidas en viajes realizados entre los años 2000 y 2015 a Sri Lanka, Túnez, Camboya, Laos, Tailandia, Singapur, República Checa, Kenia, Francia, Java y Bali. Este material pedófilo era producido con ánimo de lucro, ya que lo difundían por internet y por vía postal previo pago. El estudio patrimonial realizado demostró que sólo en tres años el líder del grupo recibió más de 80.000 euros. La investigación se salda con la constatación de la existencia de unas 80 víctimas menores de edad, identificándose a la mayor parte de éstas con nacionalidades de países del norte de África, Este de Europa, Asia y España.
