Prioridad por las líneas 1 y 2
MÁLAGA.- La secretaria general del PP de Málaga y parlamentaria andaluza, Patricia Navarro, ha exigido este lunes a la Junta que "dé cumplimiento al mandato parlamentario aprobado a instancias del Partido Popular para compensar a los comerciantes y empresarios que han sufrido y que siguen sufriendo un perjuicio económico por los años de retraso de la obra del metro".
Así lo ha reivindicado Navarro junto al vicesecretario de Organización y secretario primero de la Comisión de Fomento en el Senado, Manuel Marmolejo, y el coordinador de Economía y Sectores Productivos de la formación, Joaquín Pérez, tras reunirse con representantes de los afectados por las obras del suburbano, advirtiendo de que "tanto el consejero de Fomento como la presidenta del Gobierno andaluz, Susana Díaz, tienen encima de su mesa este mandato parlamentario, que fue aprobado el pasado 13 de junio por todos los grupos políticos salvo el PSOE, quien rechazó esas ayudas", ha criticado.
En esta línea, Navarro ha lamentado que, "si bien las obras del metro cumplen doce años, es decir, 4.427 días, los retrasos en el tramo comprendido entre Renfe y el Guadalmedina alcanzan los nueve años", reprochando al Gobierno andaluz que "hemos pasado por tres presidentes de la Junta y ocho consejeros de Obras Públicas, pero el gobierno socialista sólo ha sido capaz de construir once kilómetros del metro de Málaga".
En estos mismos doce años, ha añadido, "el metro de Madrid ha construido 67 kilómetros de túneles y 64 estaciones nuevas, por lo que sólo tenemos que comparar el ritmo de una comunidad autónoma frente a la otra", ha reprochado.
Así, ha reclamado a la Administración andaluza que "establezca un orden de prioridades, ya que tampoco cumple en materias como Salud y Educación", recordándole que "detrás de esta obra y de esta infraestructura hay personas, muchas de las cuales han tenido que echar el cierre a su negocio por el retraso en los trabajos, mientras que otras no pueden utilizar este transporte público con menor impacto ambiental y a otras con movilidad reducida se les resta la oportunidad de utilizar este medio", ha indicado.
Navarro ha tachado entonces de "inaceptable" que "la obra en el tramo Renfe-Guadalmedina acumule nueve años, en los que únicamente se han construido 700 metros, dejando nefastas consecuencias económicas y de imagen en pleno corazón de la ciudad", ha lamentado. "Además, un tercio de esos nueve años la obra ha estado parada, tras el desacuerdo con la empresa adjudicataria en agosto de 2015 y, desde entonces, no se ha movido nada", ha denunciado.
La dirigente popular ha criticado que, "pese a su próxima adjudicación, el periodo de ejecución se sitúa en 22 meses, por lo que no será hasta verano de 2020 cuando se enlazará este tramo con el siguiente, con las consecuentes molestias, prejuicios económicos y el daño a la imagen turística que sufrirá el centro histórico".
"Los retrasos en la obra del metro suponen un gasto a los malagueños de 70 millones de euros al año, cifra que asciende en la actualidad a 630 millones de euros", ha expuesto, apuntando que "con ese dinero se hubieran construido dos suburbanos", ha abundado.
Por todo ello, ha explicado que "las prioridades del PP de Málaga respecto a las obras de esta infraestructura son, primero, finalizar las líneas 1 y 2 y, de forma paralela, compensar a todas aquellas personas que hayan sufrido un perjuicio económico por estos retrasos, además de adecentar la superficie de todas las zonas donde los trabajos en subterráneo hayan finalizado", ha especificado.
Además, ha continuado, "lo siguiente es abordar el futuro del metro en la ciudad y el futuro pasa por llevar el suburbano a Campanillas y el PTA, utilizando el tramo y la línea que ya está en funcionamiento y que llega hasta Teatinos", ha afirmado.
No obstante, la secretaria general de los populares malagueños ha recordado que "la postura del PP es la misma que la de los vecinos respecto al tramo hasta el Hospital Civil", subrayando que "un tranvía o metro en superficie no es viable", punto en el que ha señalado que, "si nuestro pensamiento no coincidiera con el de los vecinos, antepondríamos su visión a los criterios técnicos y, sobre todo, políticos", incidiendo en que "la obligación de las instituciones y de las formaciones políticas es escuchar a los ciudadanos".
