La Asesoría Jurídica ha informado favorablemente del protocolo general para que el Consistorio ponga a disposición de la Junta el inmueble
Marbella (MÁLAGA) - El Ayuntamiento de Marbella ha dado hoy un nuevo paso para la cesión del edificio que albergará el Palacio de la Justicia, tras informar favorablemente la Asesoría Jurídica del protocolo general de actuación que suscribirán el Consistorio y la Consejería de Justicia para la ejecución de este proyecto. Así lo ha explicado hoy el portavoz del equipo de Gobierno, Félix Romero, quien ha señalado la necesidad de que el municipio cuente con una planta judicial "acorde a las necesidades de una ciudad de más de 150.000 habitantes, con un alto volumen de ligitiosidad y con un importante déficit en esta materia, al contar con tres sedes judiciales diseminadas, con un espacio insuficiente".
El concejal ha destacado la importancia del paso que se ha dado hoy para que los profesionales del ámbito judicial puedan contar con un Palacio de Justicia que se ubicará sobre un inmueble situado en El Alicate y Siete Revueltas -en el entorno del Hospital Costa del Sol-, y que contará con una superficie de 9.000 metros cuadrados distribuidos en seis plantas y tres sótanos, de 6.000 metros cuadrados, para el estacionamiento de vehículos.
Así, una vez que el acuerdo entre ambas administraciones se suscriba, se seguirá una hoja de ruta delimitada para la futura ejecución de la nueva sede judicial. Por un lado, una vez que el Consistorio disponga de la edificación, se tramitará la modificación urbanística para que el inmueble, como equipamiento público, se ceda a la Junta para su rehabilitación y la creación del Palacio de Justicia. El edil ha recordado que este inmueble se enmarca entre los bienes recuperados por el Ayuntamiento procedentes de causas judiciales por corrupción con sentencia firme y ha añadido que para que este proyecto sea una realidad hubo que incluir una disposición final en la Ley de Presupuestos Generales del Estado 2018 "que nos permitiera recuperar estos bienes incautados a los condenados".
Gracias a la citada disposición final presupuestaria se podrá incorporar al Patrimonio Municipal de Suelo el inmueble, actualmente en desuso. El protocolo establece que el Consistorio impulsará los trámites técnicos y administrativos necesarios para la puesta a disposición de la Consejería de Justicia del edificio en las condiciones que permitan que la Junta pueda llevar a cabo su rehabilitación y su destino a uso judicial. Por su parte, el Gobierno andaluz se compromete a diseñar el proyecto de obras y hacerse cargo de los gastos de rehabilitación, así como al mantenimiento, equipamiento, funcionamiento y conservación del edificio.
Videovigilancia
Por otra parte, Romero ha indicado que la Junta de Gobierno Local ha dado luz verde a la finalización de la primera fase del proyecto de videovigilancia, "una iniciativa que redunda directamente en la calidad de la seguridad en Marbella, dentro también de su oferta turística, una iniciativa que culminará a finales de enero, y que en esta primera fase comprende un total de 85 cámaras de videovigilancia, distribuidas en cuatro puntos del municipio -Puerto Banús, los centros comerciales de La Cañada y Elviria, y el recinto portuario Virgen del Carmen- bajo una inversión de 1.046.250 euros. Los equipos de visionado se comunicarán con el centro de control habilitado en la Jefatura de la Policía Local y también con el Servicio de Atención al Turista Extranjero (SATE) de Puerto Banús.
En este sentido, ha avanzado que para la segunda fase, que se iniciará a mediados de enero, una consultoría diseñará el nuevo proyecto de videovigilancia para las zonas del Casco Antiguo de Marbella y San Pedro Alcántara, "un documento que definirá las calles en las que se instalarán y sus ubicaciones". Este proyecto será el que se remita a la subdelegación de Gobierno en Málaga para, si procede, su posterior aprobación.
En otro orden de cosas, la Junta de Gobierno Local ha dado cuenta de dos licencias de obras por un montante de dos millones de euros, así como de la aprobación de certificaciones y facturas pendientes de pago, para antes de finales de año, que también se cifran en dos millones de euros.
