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El alcalde de Estepona renuncia al coche oficial y elimina los móviles corporativos para el equipo de gobierno

El alcalde de Estepona renuncia al coche oficial y elimina los móviles corporativos para el equipo de gobierno

El alcalde de estepona, Jose María García Urbano./ PP Málaga

"Ha ahorrado 1,6 millones de euros desde 2011 con esta iniciativa"

Estepona (MÁLAGA) - El alcalde de Estepona, José María García Urbano, renunció, de nuevo, en este mandato al vehículo oficial del que disponía su predecesor en 2011, por lo que utilizará su coche particular para realizar todos los desplazamientos necesarios para el desarrollo de su función pública.

"Esta decisión, que fue adoptada cuando llegó a la alcaldía en junio de 2011, supone al Ayuntamiento un ahorro que, desde 2011, ha superado los 216.000 euros, teniendo en cuenta el coste del leasing del coche oficial del anterior alcalde. Esta cantidad, sumada al coste de combustible de ese vehículo, supone un ahorro total de 300.000 euros por estos conceptos", explicaron desde el Consistorio.

Por otra parte, el regidor añadió que, en los próximos cuatro años, ningún miembro del equipo de gobierno ni el personal eventual dispondrá de teléfonos móviles corporativos. "García Urbano puso fin a estos 'privilegios políticos' en 2011 cuando se eliminaron más de 125 líneas de teléfonos móviles, contratadas por el anterior gobierno socialista para concejales, cargos eventuales y personal municipal, que hubieran supuesto un gasto de más de 1,3 millones de euros a las arcas municipales si se hubieran mantenido durante todo este tiempo", volvieron a insistir desde la organización.

Desde el Ayuntamiento incidieron en que, no disponer de vehículo oficial ni de ese volumen de teléfonos corporativos, permitirán un ahorro total de 1,6 millones de euros. "Esta decisión es un ejemplo más de la política de austeridad y responsabilidad en el gasto público", subrayó el alcalde, que recordó que "se opuso a la existencia de tarjetas de crédito con cargo a las arcas municipales"

El regidor, desde 2011, tampoco percibe ninguna retribución por el ejercicio del cargo, al desempeñar y tener declarada su compatibilidad con su función pública como registrador de la propiedad. Asimismo, renunció a la dotación económica por asistencia a los órganos de gobierno.

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