Conferencia Ministerial de la Organización Marítima Internacional
Torremolinos (MÁLAGA) - Un total de 46 estados han formalizado en el seno de la Conferencia Ministerial de la Organización Marítima Internacional (OMI) su adhesión a la 'Declaración de Torremolinos' para apoyar un acuerdo sobre pesca legal y segura. Se trata de un instrumento político no legalmente vinculante en que expresan su determinación de garantizar que el 'Acuerdo de Ciudad del Cabo' alcance los criterios de entrada en vigor para el décimo aniversario de su adopción, que se cumplirá el próximo 11 de octubre de 2022.
El secretario general de la OMI, Kitack Lim; el ministro de Fomento en funciones del Gobierno de España, José Luis Ábalos; y el alcalde de Torremolinos, José Ortiz, en calidad de municipio anfitrión, hicieron de testigos y observador, respectivamente, de este importante paso en los objetivos de la Organización Marítima Internacional de trazar un horizonte temporal concreto para la entrada en vigor del acuerdo de hace nueve años.
Marco legal internacional de seguridad
El 'Acuerdo de Ciudad del Cabo' de 2012, que desarrolla y gradúa los acuerdos del 'Convenio Internacional de Torremolinos' alcanzados en la Conferencia Diplomática Internacional de 1977 y el 'Protocolo de Torremolinos' 1993 de esta organización de Naciones Unidas (ONU), trata de establecer un marco legal internacional de seguridad obligatoria para los buques pesqueros, la mejora de las condiciones laborales de los profesionales del sector pesquero, la prevención de la contaminación del mar, la mayor protección de las aguas polares, la expansión de las medidas de cumplimiento para luchar contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, y la reducción de los riesgos para los servicios de búsqueda y salvamento.
Hasta ahora, tan solo 11 de los 22 estados necesarios como mínimo, que sumen un total de 3.600 embarcaciones pesqueras de 24 metros de eslora o más que operen en alta mar, se habían obligado al Acuerdo.
Nuevas adhesiones y compromisos políticos
En la Conferencia Ministerial que se celebra hasta el miércoles en el Palacio de Congresos de Torremolinos, y en una ceremonia desarrollada a última hora de la tarde del lunes, formalizaron su adhesión las Islas Cook y Santo Tomé y Príncipe, lo que eleva a 13 ese número de países. Los ministros y altos representantes de otros 33 estados suscribieron también la 'Declaración de Torremolinos' en la que comprometen su esfuerzo político por sumarse al 'Acuerdo de Ciudad del Cabo' en el plazo de los dos próximos años.
Los países ya adheridos formalmente y que han ratificado el Acuerdo de Ciudad del Cabo en la cumbre ministerial de Torremolinos son Bélgica, Congo, Islas Cook, Dinamarca, Francia, Alemania, Islandia, Países Bajos, Noruega, Saint Kitts y Nevis, Santo Tomé y Príncipe, Sudáfrica y España.
Además de estos, se sumaron a la 'Declaración de Torremolinos' Argentina, Belice, República Centroafricana, Chile, China, Costa Rica, Croacia, República Democrática del Congo, Ecuador, Fiji, Finlandia, Gabón, Alemania, Ghana, República de Guinea, Guinea Bissau, Indonesia, Irlanda, Kriibati, Liberia, Islas Marshall, Mozambique, Namibia, Nueva Zelanda, Nicaragua, Nigeria, Palau, Panamá, Papúa Nueva Guinea, Perú, República de Corea, Togo, Uganda, Reino Unido y Vanuatu.
Horizonte, octubre de 2022
En este último caso, el compromiso de los estados se limita a expresar la voluntad política de tomar medidas para que los criterios de entrada en vigor del Acuerdo de Ciudad del Cabo se cumplan en la fecha prevista del 11 de octubre de 2022, y para promover el Acuerdo, reconociendo que la efectividad final del instrumento depende del apoyo generalizado de los Estados, en su calidad de Estados del pabellón, Estados del puerto y Estados costeros.
'Declaración de Torremolinos'
La 'Declaración de Torremolinos' consta de nueve apartados en que los estados expresan su "profunda preocupación" por el "alarmante número de pérdidas de vidas de pescadores y buques pesqueros"; toman nota y expresan también su profunda preocupación de que el Acuerdo de Ciudad del Cabo -cuyo precedente es el Protocolo de Torremolinos de 1993 y el Convenio Internacional de Torremolinos de 1977- no esté aún en vigor; y convienen en que ese necesario implementar medidas y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible que permita la "conservación y utilización de forma sostenible de los océanos, los mares y los recursos marinos".
En el documento, los estados reconocen que se hace necesario "un enfoque conjunto de los organismos de las Naciones Unidas y de otras partes interesadas a fin de incrementar la seguridad de los buques y evitar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada".
Así mismo de declaran "conscientes" de que, tras más de 42 años desde el primer convenio internacional "se continúa careciendo de un régimen normativo internacional vinculante respecto de la seguridad de los buques pesqueros"; y de que "la mejora de las normas de seguridad tendrá un efecto positivo en las condiciones laborales y personales, y el bienestar de los pescadores, y ayudará a luchar contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada".
"Laguna crítica" en el marco mundial
La declaración incluye, finalmente, otros tres puntos en que los gobiernos "reconocen" que la entrada en vigor del Acuerdo de Ciudad del Cabo "llenaría una laguna crítica en el marco normativo mundial, dado que se establecerían medidas mínimas obligatorias de seguridad para los buques pesqueros de eslora igual o superior a 24 metros".
También que el mismo documento, junto con el Convenio Internacional sobre normas de formación, titulación y guardia para el personal de los buques pesqueros de 1995 (Convenio de formación para pescadores), "generaría un marco normativo de la OMI más sólido para la seguridad de los buques pesqueros y del personal de los buques pesqueros", y que "la entrada en vigor del Acuerdo fortalecería la implantación de otros instrumentos obligatorios que ya son aplicables a los buques pesqueros".
Más de 500 ministros, dignatarios, altos funcionarios, expertos y observadores de 148 países se dan cita desde ayer y hasta el miércoles, 23 de octubre, en el Palacio de Congresos de Torremolinos en el marco de la Conferencia Ministerial sobre la Seguridad de los Buques Pesqueros y la Pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, de la Organización Marítima Internacional (OMI), organismo especializado de Naciones Unidas responsable de la seguridad y protección de la navegación y de prevenir la contaminación del mar por los buques.
La cumbre está coorganizada por la OMI y el Gobierno de España, con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y The Pew Charitable Trusts.
