El proyecto tiene un plazo de ejecución de 30 meses
MÁLAGA - El Consejo de Gobierno ha autorizado a la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía, dependiente de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, la resolución del contrato del tramo CasapalmaCerralba de la Autovía del Guadalhorce (A-357), cuyas obras no se han iniciado cerca de una década después de formalizarse el contrato por 27,8 millones de euros.
El proyecto, que contemplaba la construcción de cuatro kilómetros de autovía en paralelo a la A-357, fue adjudicado a la UTE Casapalma por 27.828.009 euros a finales de enero de 2010, con un plazo de ejecución previsto de 30 meses. El trazado previsto arrancaba en el enlace de Casapalma y circulaba en paralelo al río Guadalhorce por su margen derecha hasta llegar a la altura del enlace de Cerralba. Sin embargo, no se llegó a firmar el acta de comprobación de replanteo en esta obra ante la falta de disponibilidad presupuestaria. Desde la formalización del contrato, nunca ha contado con una partida para su ejecución en los presupuestos.
Ante estas circunstancias, la Agencia de Obra Pública ha optado por la resolución del contrato. Como ni se inició ni se firmó acta de replanteo, se ha determinado una resolución del contrato de 479.793 euros de indemnización, además de la devolución al contratista de las garantías contractuales por 1.199.483 euros.
San Bartolomé de la Torre-Alosno
El Consejo de Gobierno también ha aprobado la resolución del contrato de acondicionamiento de 12 kilómetros del tramo San Bartolomé de la Torre-Alosno de la carretera A-495, en la provincia de Huelva, que se firmó en enero de 2010 por 11,7 millones de euros. Las obras, de hecho, se llegaron a iniciar el 3 de noviembre de 2010, pero casi ocho meses después se ordenó su paralización por falta de disponibilidad presupuestaria. Después de años sin retomarse la actuación, la Agencia de Obra Pública ha procedido a la resolución del contrato con la propuesta de abono al contratista de 497.513 euros: 469.927 euros por obra paralizada pendiente de ejecutar, 32.990 euros como gastos de mantenimiento de avales y 27.586 euros por gastos incurridos.
