MÁLAGA - La Policía Local de Málaga realizó en lo que va de año 1.561 actuaciones de seguridad relacionadas con riñas y peleas; 376 con servicios en los que se encontraba implicada una persona que portaba armas u objetos peligrosos; 1.323 actuaciones con detenidos por delitos recogidos en artículos del código penal como los relacionados con lesiones, detenciones por violencia de género, atentado a agente de la autoridad o consumo de estupefacientes.
Son solo algunos datos que evidencian la gran labor que efectúan las policías locales de Málaga y de otras tantas ciudades; un servicio que prestan como el resto de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y que resulta fundamental para garantizar una convivencia en libertad y respeto, así como, la defensa de los derechos fundamentales, enfrentándose en múltiples ocasiones a riesgos asociados a la actividad del propio cuerpo local, como son por ejemplo, atropellos, riñas familiares, reyertas, agresiones físicas o intervenciones con armas.
La Policía Local sufre una clara diferenciación fundamentalmente en la consideración que recibe y en la protección laboral aparejada a ellos, con respecto a policías nacionales, policías autonómicos, guardias civiles o militares. Esto ocurre pese a que, en la práctica, la policía local interviene de facto en actuaciones que no son competencia legalmente atribuida a este cuerpo pero ante las que actúa al ser la policía más cercana en términos territoriales y ante la evidencia de que los efectivos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado son, en ocasiones, insuficientes.
El reciente Real Decreto 1449/2018, de 14 de diciembre, por el que se establece el coeficiente reductor de la edad de jubilación en favor de los policías locales al servicio de las entidades que integran la Administración local, ha supuesto un paso adelante en el reconocimiento y equiparación de los policías locales con otros colectivos integrados en los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado pero, más allá de considerar a este colectivo como ejerciente de una profesión de riesgo para la aplicación de unos coeficientes reductores para adelantar la edad de jubilación, entendemos que el Gobierno central debe dar un paso más.
En concreto, sería deseable que se elimine la discriminación existente actual con el resto de policías del Estado, Policía Nacional, Guardia Civil y Policías Autonómicos, en cuanto a la inclusión en el RDL 1087/2015 de 4 de diciembre, donde se establecen las prestaciones por incapacidad permanente, muerte y supervivencia para el personal de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado derivadas de su inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social.
La equiparación a otros cuerpos y fuerzas de seguridad del estado en la consecución de estos derechos es fundamental y justa para los agentes de policía local si tenemos además en cuenta la peligrosidad y penosidad a la que se enfrentan y que producen un número determinado de accidentes laborales, con resultado de incapacidad total que finalizan con un reconocimiento de una pensión del 55%, frente 100% que reciben los profesionales de otros cuerpos de seguridad.
Esta medida no supone ningún desembolso económico para el Ayuntamiento, pero sí beneficiará a los agentes en el caso de sufrir un incidente de gravedad mientras cumplen sus funciones, ya que tanto ellos como sus familias estarán así más protegidos.
Más allá de esta reivindicación que realizan los agentes de policía local y que compartimos, creemos necesario igualmente en materia de seguridad poner el foco en los datos que recientemente se han publicado por los medios de comunicación y de los que se desprende que este año 2019 es el ejercicio en el que más personas han sido asesinadas en nuestra provincia desde que el Gobierno ofrece estadísticas provinciales (2011). Al menos hay 23 fallecidos contabilizados; dato provisional que está por encima de los 21 registrados el año pasado.
Si bien la mayoría de esos crímenes están relacionados con el crimen organizado y tienen lugar en la Costa del Sol, compartimos desde la capital la preocupación que han manifestado días atrás desde ayuntamientos como el de Marbella. Aunque esta problemática no alcanza a nuestro municipio, sí que afecta a la reputación de nuestra provincia (quien tiene conocimiento de este tipo de hechos desde el extranjero no siempre conoce que estos no se producen en la capital, por lo que Málaga en su conjunto se ve perjudicada) y debemos trabajar para evitar que la imagen de nuestra costa se asocie a ese tipo de hechos. Por ello, parece lógico que el Gobierno central disponga los necesarios y oportunos refuerzos de Policía nacional para atajar esta problemática antes de que tenga consecuencias para la imagen de la Costa del Sol en el exterior y esto, de algún modo, pueda perjudicar igualmente a nuestra ciudad, que tiene en el aeropuerto la principal puerta de entrada a la provincia.
Por todo ello, este grupo municipal solicita al Excmo. Ayto Pleno la aprobación de los siguientes
ACUERDOS
PRIMERO.- Instar a la FEMP a que plantee al Gobierno Central la inclusión de la Policía Local en el RDL 1087/2015, teniendo en cuenta la siniestralidad, penosidad y peligrosidad inherentes al desempeño de facto de sus funciones y que respalde de este modo la importante labor que realizan estos agentes y que, en muchas ocasiones, va más allá de las competencias que legalmente tienen atribuidas, al ser este el cuerpo más cercano en términos territoriales a la ciudadanía.
SEGUNDO.- Instar al Gobierno central a disponer de los necesarios y oportunos refuerzos policiales para poner freno a la situación por la que atraviesa la Costa del Sol, que ha llevado a la provincia de Málaga a registrar las tasas más elevadas de asesinatos en 2019 desde que se tiene registro de datos provincializado al respecto.
