Andalucía es la "cuarta región española con más dependientes"
MÁLAGA - Ciudadanos defenderá este jueves en el Parlamento andaluz su Proposición No de Ley para obligar al Gobierno Central a un Pacto de Estado por la Dependencia: "Queremos que se cumpla la Ley y se garantice unos servicios esenciales para los dependientes malagueños, los más vulnerables", señaló en rueda de prensa la parlamentaria por Málaga y portavoz de Cs en la Comisión de Igualdad, Servicios Sociales y Conciliación, Teresa Pardo, que será la encargada de defender la propuesta.
"Es necesaria la equidad, porque el Gobierno Andaluz ha hecho un esfuerzo a pulmón para solventar este problema ", aseguró Pardo, tras destacar que Andalucía está a la cabeza en número de dependientes y que en el último año se han presentado 21.000 nuevas solicitudes. En este punto, Pardo recordó el plan de choque elaborado por la Consejería de Igualdad, con 77 millones para ayudas a la dependencia para "solventar la situación de colapso" heredada por este gobierno, que se ha ejecutado casi en su totalidad, pero "resulta insuficiente". Pardo advirtió de que Andalucía es la cuarta región española, empatada con Asturias, con mayor número de personas dependientes. Por ello, Ciudadanos considera necesario exigir el compromiso de todas las administraciones y "pasar de las hasta ahora palabras del PSOE a los hechos", apostilló.
La propuesta de Ciudadanos persigue instar al Gobierno Central a que elabore un Pacto en defensa y garantía de la autonomía Personal y la Dependencia, donde se establezcan unos mínimos que garanticen la financiación al 50% de los gastos derivados de la atención a personas dependientes. Pardo señaló que "el Estado no está cumpliendo la Ley y está infrafinanciando" estos servicios, ya que es la Junta de Andalucía la que en este momento costea un 82% de las ayudas".
Asimismo, la parlamentaria por Málaga añadió que "no sólo se trata de cumplir con la Ley con una financiación equitativa", sino que además son necesarios nuevos estudios que reflejen la situación real de la dependencia ante el envejecimiento de la población, que se llegue a un compromiso para garantizar las ayudas y el mantenimiento de los recursos para los mayores de 65 años con discapacidad, así como la aplicación homogénea de la norma en todo el territorio nacional.
