El ahorro de los municipios se está convirtiendo en los últimos tiempos en motivo de debate por el interés por parte del Gobierno de Sánchez en confiscarlos y ponerlos a su servicio, y que deja meridianamente clara la falta de previsión y respuesta ante la crisis sanitaria y económica provocada por el COVID19.
El remanente y superávit municipal supone la "caja de resistencia" de las administraciones locales ante imprevistos y catástrofes que se puedan avecinar, por eso, en situaciones de extrema gravedad como la que estamos viviendo, en la que aún estamos dando los primeros pasos en los que a materia económica se refiere, los alcaldes de prácticamente todos los partidos políticos reclaman al Gobierno Central el uso de los remanentes ahorrados durante años para hacer frente a esta pandemia en sus pueblos y ciudades, para ponerlos a disposición de su ciudadanía y utilizarlos en las áreas que estimen oportunas, ya que son los regidores quienes mejor conocen las realidades de sus vecinos.
Alcaldes de todos los partidos han clamado contra esta medida de que la ministra Montero deslizó hace unas semanas, sin embargo, es el Partido Popular el que más contundente se ha mostrado en la reclamación de su utilización por parte de los ayuntamientos que, apenas sin recursos, han sido capaces de dar servicios perfectamente optimizados y, a la vez obtener a final de año cuentas saneadas, al contrario que otras administraciones públicas que cierran año tras año con déficit.
Los ayuntamientos como administración más cercana a la ciudadanía debe tener fortaleza en su acción ante esta durísima penuria, y es ahora cuando precisamente necesitan utilizar lo que legítimamente les corresponde, ya que la mayoría de ellos han cumplido y, la nueva realidad impuesta en forma de virus no hace más que incrementar la necesidades de gasto en pos de una mejor respuesta hacía su población.
La toma ilegal de estos ahorros provocaría una vulneración de la autonomía local, y de varios artículos de la Constitución Española como son el 137 y 140 de nuestra Carta Magna, suponiendo una irremisible pérdida de la seguridad jurídica que rompería por el lado más débil, el del municipalismo.
[cabezon name="José Antonio Víquez" designation="Vicesecretario de Política Municipal del PP de Málaga" img="Viquez" /]
