El objetivo es garantizar la seguridad, prevenir y evitar posibles contagios
MÁLAGA- La Delegación Territorial de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local en Málaga ha comenzado hoy a realizar una segunda ronda de test de COVID-19 al personal de los órganos judiciales, después de que el pasado mes de julio llevara a cabo 1.814 pruebas entre los funcionarios, letrados de la Administración de Justicia, fiscales y jueces sustitutos.
"El objetivo de la Consejería que lidera Juan Marín es garantizar la seguridad, prevenir y evitar posibles contagios en los juzgados", por eso como ya se hiciera al inicio del verano, las pruebas se ejecutan bajo la coordinación del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, dependiente de la Consejería, y se llevan a cabo por un médico forense, según han detallado en el comunicado de prensa.
"Además, como en la primera ronda, vamos a hacer los test no solo a nuestro personal funcionario, sino que lo extenderemos a los letrados de la Administración de Justicia, a los fiscales y a los jueces sustitutos", ha señalado Rodríguez. De esta forma, la previsión es alcanzar los 2.000 test rápidos en toda la provincia malagueña. En toda Andalucía, serán más de 8.800 pruebas, gracias a la colaboración con la Consejería de Salud que dotará de todas aquellas que sean necesarias.
Las pruebas son test rápidos, cuyos resultados se conocen en pocos minutos. Los casos que dieran un posible positivo serán derivados al Servicio Andaluz de Salud (SAS) para que a partir de ese momento sigan todos los protocolos que marcan las autoridades en este sentido. Los resultados del verano, tras 1.814 pruebas, arrojaron un porcentaje de seroprevalencia del 2,3% y tan solo se detectaron tres casos positivos, aunque posteriormente fueron descartados por PCR.
Para la realización de estos test, la Consejería elaboró en su momento un protocolo con los IMLCF para poder llevarlos a cabo con todas las medidas de seguridad por parte de los médicos forenses. Estas pruebas forman parte del conjunto de medidas de seguridad que la Consejería de Justicia mantiene desde el inicio de la pandemia en todas las sedes judiciales para garantizar la protección de todo el personal de la Administración de Justicia, de los profesionales relacionados con ella y de los ciudadanos.
