Cuando tenemos a una ministra de Hacienda que asegura que pasarse del presupuesto es fácil, Chiqui; que ha tratado, sin éxito, de arrebatar a los ayuntamientos sus ahorros locales; y que forma parte del Ejecutivo más caro de la historia de nuestro país, era evidente que a los ciudadanos nos tocaría apoquinar más pronto que tarde para enmendar este desequilibrio económico abanderado por el Gobierno de PSOE y Podemos.
Un Ejecutivo que ha demostrado que no se le dan bien las cuentas y que sólo se sostiene subiendo impuestos, una cuestión que, más allá del 'quito de aquí para poner de allí', arroja un trasfondo seriamente preocupante si atendemos a la caída generalizada del consumo, lo que ya empieza a traducirse en la destrucción de empleo y oportunidades.
De este modo, mientras nuestros vecinos europeos abogan por congelar y bajar los impuestos, Sánchez opta por ir a contracorriente utilizando como escudo a pymes, autónomos y empresas del comercio, la hostelería y el turismo principalmente, agravando aún más las pérdidas que estos sectores acarrean desde marzo. Y es que, lejos de favorecer el consumo y el mantenimiento del empleo, este Gobierno parece estar más centrado en atacar a nuestro sistema productivo, por cuestiones ideológicas, en el peor momento posible.
No se explican los ataques del ministro Garzón al turismo, que genera un impacto económico anual de 14.500 millones de euros en la provincia y sostiene 180.000 puestos de trabajo; ni que seamos de los pocos países que no hemos pedido ayudas a Europa para favorecer al sector. Tampoco entendemos la falta de apoyo y la asfixia a nuestros comercios, bares y restaurantes, que sólo en la ciudad de Málaga dan trabajo a más de 30.000 personas.
Desde el Partido Popular hemos pedido reiteradamente que se amplíen los ERTE hasta abril, la exención total del canon para los empresarios de playas en un año especialmente difícil y que se articule un plan de emergencia para autónomos y pymes que plantea, entre otras cuestiones, la prestación por cese de actividad si la facturación cae un 40%, en lugar del 75% actual; restablecer la tarifa plana en 50 euros; o rebajar la cotización en la cuota de aquellos autónomos con una bajada igual o superior al 50% en el tercer trimestre de 2020.
Frente a estas medidas para activar la economía, el Ejecutivo se lo juega todo a una carta, poniendo sobre la mesa subidas en el recibo de la luz, del gas, del diésel, a la cuota de autónomo, el IRPF, el impuesto de sociedades y los servicios digitales, a lo que se une la denominada fiscalidad verde, los impuestos para ahorradores y el IVA para un listado de productos y servicios que continúa al alza.
Medidas todas ellas encaminadas a la recaudación y que chocan frontalmente con la idea que defiende el PP de que bajar impuestos reactiva el consumo, la economía y el empleo, potenciando la recaudación y permitiendo mejorar los servicios sociales.
Así lo venimos demostrando en las administraciones donde gobernamos, con 16 años de congelación y bajada de impuestos en el Ayuntamiento de la capital y rebajas en la Junta, aplicadas al impuesto de sucesiones y donaciones, al de transmisiones patrimoniales, al de actos jurídicos documentados y al tramo autonómico del IRPF, lo que en 2019 se tradujo en un aumento de la recaudación de 440 millones de euros, que han podido ser destinados a Sanidad y Educación.
Lo dicho, mientras que otros aplican el rodillo del 'tarifazo', algunos insistimos que una fiscalidad moderada no sólo es posible, además de muy recomendable en tiempos de crisis, sino que forma parte de una buena gestión que redunda en el beneficio de los malagueños y del resto de españoles en forma de empleo y mejores servicios públicos.
[cabezon name="Elisa Pérez de Siles Calvo" designation="Portavoz del Grupo Popular Ayuntamiento de Málaga" img="Elisa" /]
