Inicio Teletipos

El pleno del Ayuntamiento aprueba la congelación de impuestos y tasas en Málaga para 2021

El pleno del Ayuntamiento aprueba la congelación de impuestos y tasas en Málaga para 2021

Pleno extraordinario en el Ayuntamiento de Málaga./ Ayuntamiento de Málaga

Hay una reducción del 75% en las cuotas por uso del auditorio de la Caja Blanca

MÁLAGA- El Pleno del Ayuntamiento de Málaga ha dado aprobación inicial a las ordenanzas fiscales para 2021 que supone que los tributos volverán a congelarse el próximo año; y se incluyen nuevas bonificaciones y reducciones en distintas ordenanzas. La propuesta ha sido aprobada con los votos a favor del equipo de gobierno municipal -conformado por los grupos municipales de PP y de Cs- y del concejal no adscrito, Juan Cassá; la abstención del grupo municipal del PSOE; y el voto contrario del grupo municipal de Adelante Málaga.

En lo que respecta a tributos, los malagueños no verán variación de sus recibos del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), Impuesto de Actividades Económicas (IAE), Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) e Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU- Plusvalía), así como en todos los tributos. También se incorporan nuevas bonificaciones, entre ellas, una reducción del 75% en las cuotas por uso del auditorio de la Caja Blanca.

Se mantienen, además, los beneficios fiscales que se aplican en los distintos tributos, que tienen como objetivos proteger a los colectivos más vulnerables y contribuir a la reactivación económica, así como fomentar la sostenibilidad medioambiental, entre otros. Estos beneficios fiscales permiten dejar, cada año, unos 20 millones en los bolsillos de los malagueños, según han detallado en el comunicado de prensa. 

De igual modo, ante la falta de respuesta del Gobierno Central para poder aplicar la medida en este ejercicio, se incluye una reducción del 25% de las cuotas por el servicio de recogida de basuras para actividades de hospedaje y hostelería de 2021, por los tres meses que han estado cerrados estos establecimientos en el estado de alarma. Para poder efectuar esta reducción se ha aprobado la modificación de esta prestación, que ha sido acordada por unanimidad en el Pleno.

Por otro lado, han recordado que el equipo de gobierno municipal está trabajando y avanzando en un plan de ayudas dotado con 5 millones de euros mediante una convocatoria de subvenciones para pymes y autónomos del pequeño comercio y hostelería; vinculado a la disponibilidad del remanente del Ayuntamiento que posibilite el previsible decreto ley que el Gobierno Central ha anunciado recientemente.

Otro de los puntos ha sido la aprobación del Plan Económico-Financiero (PEF) 2020-2021, procedimiento que es de obligatoria tramitación de acuerdo a la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera que establece que, en caso de incumplimiento de alguno de los parámetros fiscales – en este caso, únicamente la regla de gasto- se formule una hoja de ruta que permita en el año en curso y en el siguiente la corrección de este índice.

De hecho, el Ayuntamiento de Málaga, tal y como ha recogido el informe de Intervención General en base a la liquidación 2019, cumple todos los parámetros de estabilidad presupuestaria, deuda pública y plazo de pago a proveedores, excepto el indicador mencionado. Así, el PEF ha salido adelante con los votos a favor del equipo de gobierno municipal -conformado por los grupos municipales de PP y de Cs- y del concejal no adscrito, Juan Cassá; y el voto contrario de los grupos municipales de PSOE y de Adelante Málaga.

En concreto, este Plan, que cuenta con informe favorable de la Intervención General Municipal, se solventa con las previsiones presupuestarias para 2020 y 2021 establecidas en el mismo, sin necesidad de adoptar ninguna medida adicional. Recoge las proyecciones y escenarios presupuestarios para dicho período, ratificando que no se va a superar la regla de gasto y que se continuarán cumpliendo como hasta ahora los parámetros de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

Finalmente, han explicado que esta exigencia formal a la que obliga la ley no es un plan de ajuste y no tendrá repercusión en la ciudadanía ni en los servicios que se prestan. 

Ir ARRIBA