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CGT exige al Gobierno Central que impugne el nuevo Decreto Ley sobre escolarización de la Junta

CGT exige al Gobierno Central que impugne el nuevo Decreto Ley sobre escolarización de la Junta

Cartel de CGT./ CGT

"Este proyecto impide una formación educativa equilibrada"

MÁLAGA- La Federación de Enseñanza de la CGT ha comunicado que exige al Gobierno Central que impugne el nuevo Decreto Ley sobre Escolarización aprobado el martes pasado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, por "vulnerar abiertamente" la nueva ley educativa (LOMLOE). Según CGT, el Decreto de Escolarización de la Junta de Andalucía, al mantener el principio de la llamada "demanda social" como un criterio a la hora de concertar con centros privados, "pretende blindar la financiación pública de los centros privados y que los recortes recaigan sólo en la escuela pública".

CGT ha destacado que este mecanismo ha permitido que, en los últimos años, el cierre de unidades y centros completos, como consecuencia de la bajada de natalidad, haya repercutido únicamente en la escuela pública andaluza (en 2. º Ciclo de Infantil se pierden 1488 unidades). Mientras, las unidades concertadas de 2. º Ciclo de Infantil "no solo se han mantenido, sino que han aumentado en 33".

Según CGT, dicha "demanda" solo se aplica a los centros privados, no a los públicos, que ven recortadas sus unidades en el proceso de planificación previo. Muchas de sus unidades no son ofertadas, por lo que las familias no pueden solicitar estos centros. Así, cada año se cierran numerosas unidades de centros públicos a pesar de tener solicitudes suficientes para llenarlas. "Se trata, por tanto, de un evidente trato discriminatorio hacia la escuela pública", ha destacado la CGT.

CGT ha destacado que se trata de un mecanismo que impide una planificación educativa adecuada y equilibrada, que "crea guetos" y que "concentra los problemas en determinados centros", hecho de enorme gravedad que impide, en la práctica, la inclusión y el derecho a la educación de calidad para todos y todas, como establece nuestro ordenamiento jurídico. Por eso, desde CGT exigen al Gobierno estatal que haga cumplir la ley "y no permita su conculcación por parte de la Junta de Andalucía".

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