Nadie entiende el abandono de este Gobierno hacia nuestros sectores productivos, hacia nuestras pymes y autónomos, negándoles no sólo un flotador en forma de ayudas para paliar las pérdidas generadas por la pandemia, sino que tampoco se les echa un cable con menos tasas e impuestos, aún cuando muchos de ellos han tenido que echar el cierre temporal o definitivamente.
Apuntalar a nuestro sector productivo es garantizar el mantenimiento del empleo y la creación, tras el paso de la crisis, de nuevas oportunidades laborales. No se trata de una cuestión ideológica, sino del pragmatismo más básico: si no apostamos por la supervivencia de nuestras empresas, el paro está asegurado.
El Ejecutivo de Sánchez e Iglesias, más centrado en atacar al turismo y denostar la imagen de nuestro país cuestionando la calidad de nuestra democracia, ya ha conseguido que Reino Unido aconseje a los británicos no visitarnos este verano. Que se lo expliquen a las más de 117.000 familias que viven de este sector en nuestra provincia, o mejor, que lo razone el flamante ministro de Consumo, el malagueño Alberto Garzón, de cuya cartera poco hemos conocido de momento.
Pero sería injusto atacar al PSOE generalizando sobre la falta de ayudas a nuestras empresas. Porque, aunque Europa nos señale ahora como el país que menos apoyo ha prestado a su tejido productivo durante la pandemia, con una inversión de apenas el 1,3% de nuestro PIB frente al 4% de la media europea, hubo una época en la que las subvenciones sí llegaban. Por ejemplo, a Isofotón.
En concreto, la fotovoltaica malagueña recibió 80,5 millones de euros entre 2005 y 2012 de la entonces Junta socialista, pese a los informes internos que alertaban de que sus cuentas eran poco fiables. Una trama que salpica ya a tres ministros de Sánchez: María Jesús Montero, Luis Planas y Teresa Ribera.
El juzgado investiga a 37 altos cargos y responsables socialistas por esta concesión de ayudas, en concreto, por un préstamo de 8,4 millones recibido un mes antes de que Ribera fuera fichada por la empresa. Un caso que hunde sus raíces en el PSOE de Málaga y del que también deberá rendir cuentas la actual directora de la Guardia Civil y quien fuera delegada de Innovación y delegada del Gobierno andaluz en Málaga por aquellos años, además de candidata a la Alcaldía de la capital, María Gámez.
Un nuevo borrón en la cuenta de la gestión socialista en nuestra tierra, una tierra que asiste atónica al posicionamiento partidista de PSOE y Podemos cuando votan en contra del plan urgente de apoyo a la hostelería, en el que desde el PP apostamos por reducir el IVA al 4% durante 2021 o exonerar a los autónomos del pago de la cuota durante el cierre de sus negocios.
Es más, el Gobierno se ha quedado solo en este sentido y, a día de hoy, es la única administración que niega ayudas directas a las pymes y autónomos malagueños afectados por la pandemia. Así, mientras la Junta ya ha movilizado 17 millones de euros para ayudas a fondo perdido en la provincia, beneficiando a más de 22.000 autónomos hasta el momento; la Diputación Provincial libera 9,2 millones de euros de su presupuesto para tal fin, de los que 2,3 millones van dirigidos a la hostelería y la restauración; o el Ayuntamiento de la capital convoca 5 millones de euros en ayudas directas para comerciantes y hosteleros de la ciudad, el Gobierno ha aprobado cero euros, siendo el único país de Europa que rechaza esta fórmula.
Lamentamos profundamente este negacionismo del Ejecutivo, como si no quisiera ver la dramática realidad que atraviesan nuestras pymes y autónomos; un posicionamiento que además viene firmado por el Gobierno más extenso y caro de nuestra historia. En cualquier caso, esperamos que sepa rectificar a tiempo y que su tacticismo político no contribuya a agravar, aún más, esta crisis económica.
[cabezon name="Elisa Pérez de Siles Calvo" designation="Portavoz del Grupo Popular Ayuntamiento de Málaga" img="Elisa" /]
