Ruiz destaca que el apoyo del municipalismo será vital para desarrollar los Fondos Next
ANDALUCÍA- La consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación ha suscrito un acuerdo con la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) que amplía el espacio de colaboración en políticas sociales y será fundamental para la implantación de la Historia Social Única Electrónica, el sistema electrónico integrado que contendrá la trayectoria de cada persona usuaria en los distintos servicios sociales a fin de facilitar gestiones a la ciudadanía. La consejera, Rocío Ruiz, ha alabado la voluntad de diálogo y cooperación de las entidades locales, "cuyo apoyo, a través de los servicios sociales comunitarios, es imprescindible para avanzar en el nuevo modelo de atención y cuidados a los andaluces y andaluzas más vulnerables". Esta colaboración, ha destacado, tendrá su máximo exponente en el desarrollo de los 39 proyectos aprobados por la Consejería con cargo a los Fondos Next y el Plan europeo de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Según ha explicado Ruiz, el convenio suscrito con el presidente de la FAMP, Fernando Rodríguez Villalobos, "establece el marco jurídico necesario para dar cobertura, a partir de ahora, a la interacción entre la administración regional y las entidades locales en un momento en que la colaboración institucional debe ser más estrecha que nunca para poder salir de la crisis social y económica y poner en marcha nuevos proyectos para lograr una Andalucía más igualitaria y solidaria". El acuerdo permitirá por tanto empezar a trabajar ya en diferentes acciones para unificar el sistema información y gestión entre los servicios sociales comunitarios (ProgreSSa), base para la implantación de la historia social única electrónica (proyecto CoheSSiona).
"Se trata de dos proyectos que contribuirán a hacer más eficaz y eficiente el sistema de servicios sociales en nuestra comunidad", ha detallado la consejera tras la firma del convenio. Ruiz ha recordado la apuesta de su Consejería por "un nuevo modelo de atención, con medidas integrales, reorganización de recursos, simplificación de procedimientos y agilización de trámites porque las personas en situación de vulnerabilidad necesitan respuestas y soluciones de su administración cuanto antes y lo que había ya hemos visto que no funcionaba".
En este sentido, ha destacado que el proyecto de Historia Social Única electrónica será un auténtico revulsivo para la gestión de los servicios sociales, al aglutinar en una misma base de datos toda la documentación sobre necesidades de atención, planificación, seguimiento y evaluación del proyecto de intervención de una persona usuaria, como ya ocurre por ejemplo en el sistema sanitario.
Así, un único sistema electrónico contendrá toda la información de los servicios sociales comunitarios y especializados, así como de las entidades sociales, para evitar duplicidades y mejorar la interoperabilidad entre los profesionales que trabajan con las personas usuarias en el ámbito sanitario, educativo, laboral, de vivienda...
De esta forma, los profesionales de los servicios sociales podrán compartir y consultar la trayectoria de cada persona usuaria, simplificando los procesos de intervención. Asimismo, la ciudadanía tendrá más sencillo acceder a su expediente administrativo y obtener certificaciones o reconocimientos. "La participación del municipalismo en el proyecto, en cuanto que gestores de servicios sociales comunitarios, permitirá dar el impulso necesario al proyecto", ha añadido.
Ruiz ha agradecido además al presidente de la FAMP su disposición y voluntad de colaboración, "ya que compartimos que tenemos que trabajar de forma conjunta, desde el diálogo y el consenso y apartando posiciones partidistas, para mejorar las condiciones de los andaluces más vulnerables y ofrecerles la mejor protección social posible".
Ruiz ha recordado que la unidad de administraciones y sectores sociales ya quedó plasmada con el convenio suscrito con el municipalismo; el sindicato UGT-A; la Confederación de Empresarios de Andalucía, la Mesa del Tercer Sector y el Consejo Andaluz de Trabajadores Sociales al objeto de reivindicar al Gobierno central cambios sustanciales en la gestión del Ingreso Mínimo Vital para agilizar su concesión. "Este documento ya nos mostró la senda a seguir: administraciones, entidades locales, patronal y tercer sector todos a una para salir de la crisis económica y social que ha golpeado con dureza a los más débiles y contribuir a lograr una Andalucía más justa, que creo que es algo que compartimos tanto Junta como ayuntamientos".
La consejera ha puesto de ejemplo el apoyo que las entidades locales han brindado a distintas iniciativas emprendidas por su departamento en los últimos años, "especialmente en asuntos tan sensibles como la atención a la dependencia". Ruiz se ha referido de esta forma a los últimos convenios suscritos con diputaciones y municipios para ampliar hasta 2.168 las plazas concertadas durante esta legislatura destinadas a personas mayores o con discapacidad, "la mayor creación de plazas en una sola legislatura y que eran necesarias para seguir avanzando en la reducción de las listas de espera y poder ofrecer alternativas de proximidad a las personas que tienen reconocido este derecho". O a la repercusión del acuerdo para actualizar en un 12,3% el coste hora del servicio de ayuda a domicilio hasta los 14,6€, "una medida que llega tras una década de congelación de este servicio y que permitirá mejorar y dignificar las condiciones laborales de las casi 35.000 trabajadoras de este recurso".
La responsable de políticas sociales ha puesto además en valor el trabajo de las entidades sociales durante la pandemia, y ha insistido en su voluntad de avanzar de la mano en la gestión de los 450 millones de euros de los Fondos Next destinados a la Consejería. Así, ha recordado que ayuntamientos y diputaciones gestionarán el 20,25% de esos fondos, ya sea directamente o de forma compartida con la comunidad autónoma.
"Para esta Consejería, la gobernanza solo es posible desde el diálogo y el trabajo codo con codo con la sociedad civil y las entidades locales", ha señalado, "y nosotros queremos avanzar hacia una Andalucía mas igualitaria y solidaria de la mano de las entidades locales, que por su cercanía a la ciudadanía son la primera puerta de acceso a los servicios sociales para aquellos andaluces y andaluzas que lo necesitan"."Es el momento de apostar por las políticas sociales si queremos que Andalucía sea de verdad una comunidad fuerte, que genere empleo y riqueza aspire al lugar que merece".
El presidente de la FAMP, Fernando Rodríguez Villalobos, ha coincidido con Ruiz en la necesidad de una colaboración conjunta "en una materia importante como la gestión de los servicios sociales". "Igual que tenemos un historial médico donde te anotan todo, queremos que nuestro vecinos y vecinas tengan su historial en materia sociales", ha añadido, mostrando su convencimiento de que el proyecto se pondrá en marcha en breve. "Hablar de servicios sociales es hablar de sensibilidad y yo creo que la consejera a mí personalmente me ha mostrado esa sensibilidad en varias ocasiones", ha destacado.
Rodríguez Villalobos se ha referido además a la colaboración para los proyectos con los Fondos Next Generation, "estamos todos muy expectantes porque final son unos fondos extraordinarios europeos que lógicamente tenemos que tratar de gestionar bien, sirviendo de puente desde la federación entre el gobierno autonómico y los competentes en la materia de servicios sociales comunitarios, que son los ayuntamientos". "Al igual que la federación española de municipios y provincias ha llegado a un entendimiento con el Gobierno de España para que aproximadamente un 17% de esos Fondos los gestione el ámbito local, estamos tratando de hacer lo mismo con la Junta de Andalucía, y la consejería que responde a esa llamada es ésta", ha concluido.
