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El Gobierno andaluz pone fin a una relación de colaboración vigente desde 1993

La Junta de Andalucía prescinde de las diputaciones para cobrar ingresos en vía ejecutiva

MÁLAGA- Las ocho diputaciones provinciales andaluzas dejan de cobrar en vía ejecutiva los ingresos de derecho público de la Junta de Andalucía. La decisión es efectiva desde principios de año, tal y como confirmó esta semana en el Parlamento andaluz el consejero de Hacienda, Juan Bravo. Con este paso, el Gobierno andaluz pone fin a una relación de colaboración vigente desde 1993, cuando se firmaron los convenios con las instituciones supramunicipales.

Bravo, que recordó que esta iniciativa deriva de un plan aprobado por los anteriores gestores autonómicos, justificó la acción en una apuesta porque sea la Agencia Tributaria Andaluza la que, por medios propios, asuma la recaudación ejecutiva. Sus explicaciones se produjeron en respuesta a una interpelación del diputado socialista Javier Carnero, quien mostró su "preocupación" por la gestión del Patronato de Recaudación de Málaga en los años que estuvo al frente el ahora consejero de Presidencia, Elías Bendodo.

La Cámara afirmó que de los casi 123,6 millones de euros de cargos iniciales gestionados por el Patronato de Málaga referidos a la Junta quedaron pendientes de cobro algo más de 99 millones de euros. Esto es, el 80,34%. Y de manera concreta apuntó que en el 53% de esos expedientes no había "ninguna actividad o la que se realiza periódicamente no tiene resultados positivos". Asimismo, indicó que en el 25% se procedió a la anotación preventiva de embargos, "pero no se llevan a cabo actuaciones encaminadas a la enajenación de los bienes embargados". 

La información desglosada confirmó que sólo fueron recaudados por vía ejecutiva 11.140.842 euros, el 9,01%. Otro parámetro hace referencia al cobro que fue dado de baja, con 13.156.308 euros (10,64%), correspondientes a 3.902 recibos. La mayoría, 1.427 (8.637.301 euros), por ser considerados fallidos. En este caso, la Cámara estimó que el periodo medio que transcurrió entre la fecha de emisión de la providencia de apremio y la declaración de crédito incobrable fue de 1.575 días.

Hubo 1.187 recibos más, por casi 920.000 euros, que fueron dados por prescritos. En este caso el periodo medio fue de 1.460 días, duplicando el plazo legal establecido. En dos expedientes la espera fue de más de 13 años. 

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