La semana pasada se consumó la puesta en escena del derribo de uno de los últimos pilares del estado del bienestar conquistado con tanto esfuerzo por quienes lucharon por darnos un futuro mejor que su presente. En la Comisión Europea se votaba algo con nombre aparentemente inofensivo: Producto Paneuropeo de Pensiones Personales. Solo nuestro grupo, el Grupo de la Izquierda Europea, se opuso de manera contundente y desveló que ocultaba ese producto: la privatización total de la pensiones y, por tanto, el desmantelamiento del servicio público. Con el agravante de que puede ser usado para evadir impuestos. Un producto que no garantiza ganancias nada más que a las empresas, pudiendo ver las personas ahorradoras cómo los beneficios son menores de lo aportado. Y lo que es más grave: un producto que recibirá fondos públicos en modo de bonificaciones y beneficios fiscales que dejarán en un estado de extrema vulnerabilidad al sistema público de pensiones; aquel que verdaderamente puede proteger a la mayoría de la ciudadanía que no puede ahorrar siquiera para hacer frente a imprevistos como la rotura de una lavadora, cuanto menos invertir en un sistema privado de pensiones.
Nosotras defendemos el carácter público del sistema de pensiones de manera irrenunciable. Pero, vamos más allá y así lo hemos defendido en la calle y en el Congreso. Frente a aquellos que ahora se arrogan como los únicos que pueden garantizar las pensiones, pero engañan y olvidan a las pensionistas cuando están en el Gobierno, nosotras mantenemos siempre nuestra posición: pensiones públicas dignas y garantizadas por ley para todos y todas.
¿Y eso cómo se concreta, puede preguntarse? Blindado por ley la revalorización de las pensiones según el IPC, para evitar la pérdida de poder adquisitivo que representa el que suben las pensiones un 0,25% pero la luz más de un 7%, por poner un ejemplo.
También es necesario revalorizar las pensiones mínimas para equipararlas al Salario Mínimo Interprofesional. ¡Qué menos que garantizar recursos económicos suficientes a quienes se han pasado la vida trabajando! Y en ese sentido, algo fundamental para acabar con la brecha de género: esas pensiones mínimas suelen ser las no contributivas, un nombre infame para señalar a quienes han trabajado toda su vida, en los cuidados, sin cotizar por ello. Es hora de eliminar esa injusticia histórica y reconocer los cuidados como un pilar fundamental de nuestra sociedad.
La derogación del factor de sostenibilidad, otro eufemismo para esconder una medida tremendamente injusta, es otra de nuestra prioridades: vivir más no puede ser penalizado en ninguna sociedad y, por tanto, no se puede legislar para arrebatarles derechos conquistados durante años de lucha. Tampoco puede penalizarse el vivir más aumentando la edad de jubilación. Entre otras cuestiones, porque mayor esperanza de vida no implica mayor cantidad de años vividos en condiciones óptimas. Hemos de devolver la jubilación a los 65 años, en general, si se tienen 35 años cotizados, atendiendo a las excepciones, por supuesto, que deben regir para empleos de alta penosidad en el que resulte imposible cumplir esa cantidad de años, y revisar los casos para incorporar realidades como las camareras de piso.
Por último, algo absolutamente fundamental para que todo esto sea posible cumplirlo en las necesarias condiciones de garantía: la derogación de las dos reformas laborales, la implantación de leyes que acaben con la brecha de género y la eliminación de cualquier forma de fomento de las pensiones privadas, para que cada euro que salga de las arcas públicas se invierta en beneficios sociales para la mayoría.
Solo lo público puede garantizar el acceso a los derechos fundamentales y la igualdad de todas las personas en nuestra sociedad. No vamos a permitir que nos arrebaten ni un solo derecho.
Las pensiones se defienden, gobierne quien gobierne.
[cabezon name="Eva García Sempere" designation="Coordinadora del Área Federal de Medio Ambiente de Izquierda Unida" img="evagracia" /]
